Resulta indispensable la definición de prioridades ambientales a nivel nacional y regional, con una amplia y representativa participación de los diferentes sectores, aceptando el concepto del trabajo secuencial hacia grandes temas. En VITALIS consideramos que identificar los problemas es esencial para poder proponer soluciones, en donde cada sector de la sociedad entienda y se comprometa a cumplir con su responsabilidad en la solución. El proceso debe ser transparente, democrático, altamente técnico, representativo y participativo.

Se requiere la implementación de una clara política ambiental, coherente con las otras políticas nacionales, de progresiva administración, basada en una continuidad técnica y gerencial, con conocimiento de los problemas y de las posibles alternativas de solución.

Es indispensable unir esfuerzos entre los diversos sectores a fin de obtener resultados que beneficien a la colectividad, al mismo tiempo que mantengan la integridad de los servicios que brinda un ambiente sano. Se reconoce una vez más la coordinación de iniciativas y la cooperación interinstitucional como un elemento fundamental en la gestión ambiental del país.

Las autoridades gubernamentales, por si solas, no podrán acometer los retos ambientales del año 2002. La empresa privada, la sociedad civil organizada, las ONGs, la comunidad científica y tecnológica del país y los medios de comunicación social, están llamados a participar activamente en este proceso.

Los organismos oficiales están llamados a continuar fortaleciendo la planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo, con una justa asignación presupuestaria, y el concurso de todos los actores involucrados, especificando los indicadores que permitirán medir la efectividad de tales acciones, incluyendo los mecanismos de seguimiento y control. Especial interés merece la planificación hidrológica, el manejo de las áreas protegidas y el control de las actividades susceptibles de degradar el ambiente.

Las ONGs están llamadas a retomar su rol como agentes de apoyo, presión política y cambios en defensa del ambiente, mediante el desarrollo de programas y proyectos que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de los temas ambientales en el país y promuevan una participación representativa en el acontecer nacional

La complejidad de las causas y efectos de los problemas ambientales requiere que lo ambiental sea considerado como parte esencial de los programas de los distintos sectores, tomando en cuenta sus implicaciones en la materialización de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución.

Se deben revisar los mecanismos de consulta y coordinación interinstitucional, a nivel gubernamental, no gubernamental y privado, a los fines de garantizar el intercambio sistemático de información entre los diversos sectores, para agilizar los procesos de toma de decisiones y evitar la duplicación de esfuerzos. El diálogo se impone como mecanismo de participación de los diferentes subsectores de la sociedad.

Se debe incrementar la inversión pública y/o privada en la gestión ambiental, a los fines de fortalecer y consolidar la estructura administrativa oficial y/o privada existente a nivel nacional, favoreciendo particularmente los procesos de descentralización y los mecanismos de vigilancia y control de las acciones susceptibles de degradar el ambiente.

Se debe fomentar la creación y desarrollo de una estructura eficiente y efectiva que fomente la reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos a nivel nacional, tanto a nivel urbano como rural. Asimismo, resulta imperativo evaluar y corregir en el menor plazo posible, los mecanismos de recolección, tratamiento y disposición final de residuos, y el manejo apropiado de desechos peligrosos.

Se debe propiciar un sistema de indicadores ambientales, que alerte en forma temprana en torno a la situación de los bienes y servicios ambientales del país, y sus necesidades de conservación y desarrollo. Esto con la finalidad de mantener a todos los actores informados sobre los progresos y las dificultades en la gestión ambiental, así como las acciones que cada sector de la ciudadanía debe emprender, en procura de la mejora de la calidad de vida y la conservación a perpetuidad de nuestro patrimonio natural.

Anexo 2. Recomendaciones para el año 2002, formuladas por subsector

Gobierno

ONGs

Empresa Privada

Universidades

Medios de Comunicación

Mayor vigilancia y control. 

Mejores condiciones laborales para el personal técnico, guardaparques y
bomberos en general.

Extender planes de contigencia de la industria petrolera hacia la
restauración de los daños biológicos, para lo cual se deben valorar
económicamente los daños ambientales y hacer pagar a los responsables por ello.

Establecimiento de alianzas estratégicas Gobierno-ONGs para acometer proyectos conjuntos de largo alcance.

Formular una Política Ambiental donde se concilie lo económico y lo social y

Fomento de Valores Humanos, Cívicos, Culturales, Ambientales, entre los principales. Desde la aldea, el barrio, la parroquia, el Municipio, la Ciudad, el área Metropolitana, la región y el país.

Fomento del Voluntariado Ambiental y estímulo a las "Mejores Prácticas",

Crear y mantener un Banco de Datos y talentos al servicio de la gestión ambiental en Venezuela.

Incrementar los esfuerzos de cooperación internacional,    con otras instancias del gobierno, las ONGs y la comunidad científica y académica.

Promover una mayor participación de los gobiernos regionales en la toma de decisiones.

Promover mejores esfuerzos integrados de educación ambiental.

Tomar conciencia de las potencialidades que posee Venezuela en el campo de la conservación de la biodiversidad, desarrollando programas de formación de personal que los califique como verdaderos ambientalistas.

Que exista una única política ambiental, transversal a todos los entes oficiales, donde más allá de competir, se coordinen esfuerzos en una misma dirección.

Aprobar medidas concretas para introducir la evaluación estratégica ambiental de las políticas, planes y programas que tienen efectos sobre el ambiente.

Establecer compromisos de inversión, incrementar la inversión pública y privada para la consecución de los planes ambientales y para minimizar situaciones de pobreza crítica.

Impulsar formas limpias de producción energética basadas en fuentes renovables.

Mejorar la planificación hidrológica, considerando el ciclo del agua como componente estructural y funcional de los ecosistemas, en su doble dimensión de recurso y servicio ecológico.

Formular un plan nacional para la gestión ambiental y desarrollo sostenible, ampliamente discutido, en la cual participen todos los sectores de la sociedad.

Generar procesos de consulta nacionales (vinculantes) que permitan formular una estrategia de conservación a largo plazo.

Desarrollar un Plan Nacional para la detección, desincorporación y eliminación de sustancias y materiales nocivos para la vida humana y los ambientes silvestres.

Establecer un plan nacional para el control de las emisiones  efluentes. 

Establecer un programa nacional para mediciones de indicadores ambientales claves, que deben ser dados a conocer a la colectividad anualmente. 

Establecer un plan rector nacional, estadal y municipal, para el rescate y mejoramiento, defensa y protección, y conservación de todas las cuencas hidrográficas, especialmente las más sensibles y las que actualmente abastecen los acueductos.

Revertir los procesos de cacería, pesca ilegal y deforestación, mediante el ejercicio de una vigilancia y control efectiva, sin complicidades oficiales ni privadas.

Desocupar los invasores en las ABRAEs, así como garantizar el cumplimiento de sus objetivos de conservación.

Someter a consulta la reestructuración del MARN, evitando el ejercicio que cada nueva administración realiza, comprometiendo el entusiasmo de sus profesionales.

Mejor actuación de las ONGs, sobre todo de aquellas que en otros tiempos, sin compromisos gubernamentales  y mayor independencia programática, mantenías posiciones firmes que decían mucho de su credibilidad.

Que la comisión de Normas Técnicas para la Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente, sea un grupo asesor tanto del  Ejecutivo como del resto de los poderes del Estado.

Mayor interacción de los Directores Generales del MARN con las ONGs, a fin de unir esfuerzos en una misma dirección.

Sincerar la situación de las nuevas leyes decretadas por el ejecutivo, sin ninguna consulta con el sector.

Formulación de un programa macro para la atención de los residuos sólidos de origen urbano y su correcto manejo, que comprenda el establecimiento de rellenos sanitarios en las principales ciudades de Venezuela, en los que participen autoridades nacionales, regionales y municipales.       

Fortalecer la gestión oficial, la aplicación de las leyes y la vigilancia y control.

Establecer nuevos mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional

Mejorar la situación económica del país.

Mayor divulgación de los temas ambientales en los medios de comunicación social.

Promover una mayor participación de la ciudadanía.

Mayor participación de la empresa privada en la toma de decisiones ambientales en el país.

Mayor descentralización en la gestión ambiental y la toma de decisiones.

Promover una mejor comunicación y coordinación de las ONGs ambientales, pues lucen descoordinadas y poco eficientes, salvo contadas excepciones.

Desarrollo Económico más equitativo y participativo.

Sólida y coherente gestión ambiental.

Mayor calificación profesional de los funcionarios en posiciones gerenciales claves de la gestión oficial y mejor desarrollo de sus capacidades.

Políticas públicas en coordinación con los diferentes actores claves de la sociedad.

Fortalecer las acciones de vigilancia y control.

Evaluación de todo el sector, para definir prioridades programáticas, informacionales y educativas.

Mayor humildad de las autoridades, para reconocer la necesidad de un trabajo coordinado y participativo.

Mayor posicionamiento de las ONGs

Creación de plantas de tratamiento de desechos domésticos. 

Promover una mejor información ambiental, actualizada y de utilidad.

Mayor coordinación con las ONGs y las universidades.

Mayor inversión de la empresa privada en los proyectos del Estado, con miras a garantizar la transparencia en la ejecución y su utilidad práctica.

Mas hechos y menos ruedas de prensa. Fundamentalmente se requieren menos proyectos y más resultados.

Mejores voceros para la gestión ambiental, que sepan comunicar y ganar aliados para el sector, sea este público o privado.

Más coordinación gobierno-sociedad civil, principalmente a nivel técnico.

Mayor diálogo para evitar la aparición de leyes y normas sin aplicación práctica en la realidad nacional.

Mayor profesionalización de las autoridades.