VIII CONGRESO VENEZOLANO DE DERECHO AMBIENTAL

Mecanismos y Medidas Jurídicas en Defensa del Ambiente, Camino a la Cumbre Sobre Desarrollo Sostenible 2002

Conclusiones y Recomendaciones  

PONENCIA. EL CIUDADANO FRENTE A LA DEFENSA JURIDICA DEL AMBIENTE EN VENEZUELA

Alberto Blanco-Uribe Quintero. FUJUCAVI

CONCLUSIONES:

Todo ciudadano, entendido éste como miembro de una comunidad, suficientemente informado y participante del destino de la cosa pública, tiene protegidos en Venezuela sus derechos humanos y particularmente su derecho individual y colectivo a disfrutar de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado por mandato expreso de nuestra Constitución, la cual consagra expresamente el derecho a acceder a los órganos juridiccionales para hacer valer sus derechos en caso de ser vulnerados.

En el ámbito sustantivo, el derecho ambiental se nutre de los siguientes principios y derechos: el principio de la legalidad, visto como principio y como garantía; el derecho-deber a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, el derecho a la irretroactividad de la Ley, de las doctrinas administrativas y de la jurisprudencia, derecho de igualdad; el derecho a la reparación del daño in natura, integral, derecho a la función ambiental de la propiedad; derecho a no ser sancionado dos veces por el mismo hecho con la independencia de la posibilidad legal de comprometer las responsabilidades civiles, penales y administrativas nacidas de un mismo hecho; derecho al acatamiento de la división vertical del poder y al de la separación de los poderes para evitar usurpaciones; y el derecho a la conservación ambiental.

Las competencias ambientales tienen carácter concurrente entre el gobierno nacional, el regional y los locales, correspondiéndole al poder nacional la coordinación de dichas competencias.

Nuestra Constitución de 1999 viene a dar reconocimiento expreso a los derechos ambientales que integraban ya el bloque de la constitucionalidad.

Derechos adjetivos de aplicación preponderante en el derecho ambiental: acceso a la justicia, derecho a la información y a la participación en los procesos de formación de actos que afecten los intereses colectivos o difusos, derecho a la recepción del escrito; de oportuna respuesta; derecho a alegar y probar con libertad de pruebas; valoración de pruebas por la sana crítica; informalidad para la búsqueda de la verdad real, no sujeta a plazos prelusivos: posibilidad de recurrir y hacer reclamaciones de nulidad absoluta en cualquier momento.

Las denuncias por la violación de intereses difusos ambientales pueden formularse ante las siguientes autoridades: MARN, GN, MSDS, Comisión de Ambiente de la Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la República, oficinas ambientales de gobernaciones y alcaldías e incluso ante las autoridades tributarias locales en ejecución de las normas que rigen el ejercicio de actividades industriales y comerciales en los municipios, entre otras.

PONENCIA: REFLEXIONES SOBRE LA NECESIDAD DE CONSTRUIR LA PROTECCION LEGAL DEL AMBIENTE EN MEXICO. UNA PERSPECTIVA INTEGRADA

Enrique Mota. Universidad de Quintana Roo, México

CONCLUSIONES:

Los Estados Unidos Mexicanos tienen un marco legal insuficiente para la protección del ambiente. La legislación aplicable a la materia es reducida, dispersa y poco articulada, abstencionista y carente de objetivos a largo plazo. El Poder Ejecutivo es el único de los poderes que atiende la problemática ambiental a través de la secretaría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (SEMARNAT) y específicamente a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Sin embargo, la tendencia es que el poder legislativo y el judicial se integren en la dinámica de protección al ambiente, pero es necesario vincular el marco jurídico existente con el proceso de desarrollo sustentable.

El Plan Puebla-Panamá comporta un esfuerzo por varias naciones a fin de tratar a la zona como una unidad ecológica y cultural. Es por ello que se hace necesario establecer un marco jurídico adecuado a través de la solución de nuevas leyes, la creación de nuevas instituciones híbridas a fin de lograr constituír la protección legal adecuada que permita el desarrollo sustentable de la nación.

RECOMENDACIONES:

Realizar un enfoque de sistema complejo para ubicar el sistema jurídico mexicano respaldado por los estudios regionales que permitan darle atención integral a la problemática ambiental en el futuro próximo.

PONENCIA: PROTECCION PROCESAL DE LOS INTERESES DIFUSOS AMBIENTALES

Mariolga Quintero Tirado - Invedepro

CONCLUSIONES:

Los intereses difusos cuentan con suficiente protección y legitimación procesal en nuestro país, a través de una interpretación concatenada de nuestras normas ambientales y procesales vigentes, sobre la base de un mayor conocimiento de la materia por parte de los jueces de la república y una toma de conciencia en torno a la problemática ambiental, que permita salir de los esquemas tradicionales y se actualicen concepciones en torno a la legitimación y al decreto de medidas anticipadas. 

Cualquier miembro de nuestra comunidad afectada en un interés difuso sobre bienes no apreciables que atañe a todos, está legitimado para obtener la defensa o protección judicial de ese interés en materia ambiental, no en representación de los titulares de ese interés sino por todos ellos, así se trate de un extranjero, transeunte o personas jurídicas como asociaciones cuyo objeto sea la protección de este interés difuso, incluso a través de la figura de los terceros adhesivos en un determinado proceso.

Corresponde al Defensor del Pueblo la defensa y protección de esos intereses difusos.

En materia procesal, el derecho a un ambiente sano, dado su rango constitucional, puede ser tutelado a través de la Acción de Amparo Constitucional para obtener el restablecimiento de la situación jurídica infringida; sin embargo, para fines resarcitorios deberá acudirse a la vía del proceso civil ordinario, en la que media la intervención del Fiscal del Ministerio Público ante los daños y perjuicios ambientales.

Tienen igual vigencia en este campo los interdictos prohibitivos y posesorios. Sin embargo, reciente jurisprudencia de nuestro máximo tribunal impone el ejercicio de acciones difusas por el proceso oral establecido en el CPC.

RECOMENDACIONES:

Unificar los procesos judiciales en uno solo, atendiendo ciertas características de especialidad según la materia, lo que abarcaría al proceso ambiental, regido por el principio de la reparación in natura in dubio pro natura y el que establece la reparación del daño encabeza de quien contamina.

Ampliar la conciencia de nuestros jueces para que sin necesidad de nuevas, contradictorias e innecesarias normas, den solución práctica a la problemática ambiental, en especial al aspecto de las medidas anticipadas que pueden no contar con consagración expresa en materia ambiental, pero tienen amplia cabida en nuestra legislación procesal ordinaria y especial, como es el caso de las medidas innominadas y las establecidas en la Ley de Tierras y en la Ley de Derecho de Autor.

PANEL: MECANISMOS PREVENTIVOS EN LA ORDENACION TERRITORIAL. 

Diego Díaz Martín - Presidente de VITALIS

Alberto Ruiz/D'Empaire, Reyna, Bermúdez & Asociados

CONCLUSIONES:

Las áreas naturales protegidas deben ser concebidas como partes integrantes de un gran sistema, en el cual interactúan los diversos factores y variables. En materia de áreas naturales protegidas, los esfuerzos deben estar orientados a la concreción de acciones, más que al establecimiento de enunciados. Estas acciones deberán atender lo relativo a coordinación y cooperación, participación ciudadana, financiamiento y seguimiento. La razón de ser de las áreas protegidas está en su objetivo de creación. No todas las ABRAE son áreas protegidas, pero todas las áreas protegidas en Venezuela son ABRAE.

Debemos coordinar esfuerzos, promover la cooperación, aplicar la función de asesoría, establecer los comités de seguimiento y reactivar aquellos previamente establecidos, promover el comanejo, impulsar la planificación estratégica, establecer nuevas alianzas y procurar un financiamiento justo tanto para los Parques Nacionales, como los Monumentos Naturales y los Refugios de Fauna Silvestre.

La Constitución venezolana de 1999, recoge una visión moderna de la ordenación territorial y ello debe implicar la actualización de las leyes orgánicas para la ordenación del territorio y de ordenación urbanística, debiendo desarrollarse las competencias correspondientes a los diferentes niveles del poder público, tanto en lo que respecta a la política como a la ordenación en si misma.

La ordenación territorial y la ordenación urbanística, y en particular, los mecanismos preventivos deben constituír instrumentos para hacer efectivo el derecho sustantivo ambiental, siendo un elemento clave la gestión ambiental de manera integral, en la cual los organismos con competencias concurrentes en materia ambiental deben participar de manera proactiva y coordinada para lograr el objetivo estratégico de la gestión ambiental, como lo es mejorar y preservar la calidad del ambiente.

RECOMENDACIÓN:

Debe procurarse el desarrollo de políticas dirigidas a salvaguardar ecosistemas estratégicos no beneficiados por declaratoria de ABRAE, considerándose la alternativa de hacer tales declaratorias, según corresponda o particularmente al incentivo de las reservas naturales privadas.

 

PANEL. MECANISMOS DE APOYO AL CIUDADANO. ¿DONDE ACUDIR Y COMO?

Yelitza García. Directora de Ambiente de la Fiscalía General de la República.

José Figueroa. Director de Ambiente de la Defensoría del Pueblo.

CONCLUSIONES:

El Ministerio Público, a través de la Dirección General de Ambiente y de los Fiscales Ambientales, ejerce el oficio, o a solicitud de los ciudadanos, las acciones colectivas ambientales en materia penal y civil, así como una diversidad de actividades preventivas.

La Dirección de Ambiente de la Defensoría del Pueblo es el órgano encargado de promover la defensa ante los ilícitos ambientales, a través de la mediación, conciliación o arbitraje, de acuerdo al caso, a fin de buscar soluciones alternativas al conflicto, sin perjuicio de corresponderle el deber constitucional de actuar en justicia y en defensa del interés difuso ambiental como derecho humano.

 

RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS AMBIENTALES

Oscar Amaya. Universidad Externado de Colombia.

CONCLUSIONES:

En Colombia se plantea la protección del ambiente desde sus orígenes constitucionales y se consagra el derecho al ambiente sano, contando con un modelo de participación ciudadana de vital importancia para la visión integral y la protección de ese derecho. Rige igualmente el derecho a la reparación del daño ambiental por la vía civil.

El daño ambiental plantea un nuevo tipo de responsabilidad objetiva en la que se presume la culpa del causante del daño. Los tres elementos que configuran esta responsabilidad son: el daño ambiental, la imputación del daño y la fundamentación del deber de reparar.

Es un principio simplista y limitado que plantea que "el que contamina paga", ya que las propias definiciones -daño ambiental y de contaminación- son muy subjetivas y ambiguas, aunado al hecho de que el Estado puede ser causante de un daño "jurídico" (a diferencia del daño material), por permitir que el daño ambiental se cause, estando obligado a impedirlo.

RECOMENDACIÓN:

Apartar la visión fundamentalista del derecho ambiental y trazar metas viables a corto plazo, por lo que deben revisarce las conclusiones de la Convención de Río para hacerlas más realistas.

 

PANEL. MEDIDAS MITIGADORAS

Luis Velasco. PDVSA.

Marco Celi. Cementos Caribe-NATEC

CONCLUSIONES:

Las inversiones d e recursos y actualización permanente en las disciplinas técnicas, científicas, gerenciales y de liderazgo, han servido para que las empresas petroleras hayan logrado importantes avances en materia de prevención y mitigación de impactos ambientales asociados con esta actividad.

De esto se desprende la adopción del Sistema Integral de Riesgo (SIR-PDVSA), la creación de la Gerencia de Seguridad de los Procesos (GSP) y la implantación de las normas ISO.

Las acciones que toma la industria cementera en la mitigación de riesgos se orientan al tratamiento de desechos considerados como tóxicos y de difícil almacenaje, obteniendo éxito gracias al uso de fuentes alternativas de combustible, clasificados como compuestos altamente tóxicos, los cuales son empleados en los hornos cementeros como fuente de energía para generar calor.

 

PANEL: MEDIDAS SANCIONATORIAS Y DE CONTROL

Dacir Conde. Dirección de Vigilancia y Control del MARN

Gilberto Carreño. Presidente del Instituto de Gestión Ambiental de el Hatillo.

Ricardo Colmenares. Juez Penal del Estado Zulia.

CONCLUSIONES:

Las medidas que se toman no son suficientes para enfrentar la problemática ambiental; se requiere la actualización de la Ley Orgánica del Ambiente para adaptarla a la Constitución y los Acuerdos Internacionales, pero eso no basta, se requiere también una estructura organizativa capaz de llevar la planificación y las leyes adelante (por ello está en proyecto el Programa y Plan Nacional de Control Ambiental).

Otro elemento fundamental es una organización gerencial con una amplia red de participación ciudadana.

La participación y control local es fundamental para la gestión y control ambiental.

Los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos se palpan de una manera muy clara dentro del COPP y son idóneos y eficaces para resolver los casos ambientales. Es importante la ética de los funcionarios, lo cual involucra a los operadores de la justicia.

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