Conservación
y Desarrollo Sostenible en Venezuela
Visión de la Sociedad Civil en la Implementación de la Agenda 21
Conclusiones y Recomendaciones
Por estas
razones, dentro de los temas emergentes consultados destaca
el ambiente y la pobreza como la principal preocupación de
los entrevistados, con una fuerte limitación para la
adopción y puesta en marcha de los principios para
garantizar un desarrollo sostenible. El análisis se da en
ambas direcciones, tanto como una causa que determina la
ocurrencia de otros problemas ambientales, como una
consecuencia derivada de la compleja problemática actual.
Las
organizaciones consultadas también reconocen como un
problema de gran importancia a la equidad social y el acceso
a los servicios básicos (particularmente el agua).
La
generación de empleo, la aplicación de la normativa legal,
la vulnerabilidad ante desastres naturales y la debida
atención sanitaria (fundamentalmente preventiva),
incluyendo la educación, figuran entre las principales
demandas.
La
democratización en el acceso a la información y la toma de
decisiones, el apoyo a la descentralización, el
fortalecimiento de la gobernabilidad y el trabajo de los
gobiernos regionales y municipales son reconocidas como
condiciones fundamentales para lograr el apoyo de las
comunidades en la mejora de la calidad de vida.
Existe un
aparente aislamiento entre las instituciones de
investigación (generadoras de conocimiento) con las
organizaciones gubernamentales (demandantes del
conocimiento) responsables de la toma de decisiones
significativas para el desarrollo sostenible de Venezuela.
La
formulación de políticas para el desarrollo sostenible y
el establecimiento de lineamientos ampliamente consensuados
en materia de educación ambiental y participación
ciudadana a favor del desarrollo surgen como tareas
fundamentales tanto a corto como a mediano plazo en
Venezuela.
El
incentivo al uso de tecnologías ambientalmente
responsables, la gestión ecológicamente racional de la
biotecnología, el fomento de las capacidades públicas y
privadas para la sustentabilidad, la lucha contra la
deforestación y la planificación y manejo de la
biodiversidad y la protección de ecosistemas estratégicos,
requieren de esfuerzos importantes en materia de
financiamiento, capacitación y monitoreo.
La ética
y la globalización, y los contaminantes orgánicos
persistentes, también son reconocidos como temas emergentes
de alta prioridad.
En torno
al tema del manejo de los residuos, sean estos peligrosos,
domésticos, de salud u otros, ya considerados de interés
nacional, destaca la ausencia de un plan estratégico
nacional, único y consolidado que permita integrar en forma
coherente y sistemática las acciones de todos los actores
involucrados, y que además cuente con los recursos humanos,
técnicos y financieros para acometer los retos que impone
la crítica situación de esta problemática.
Esta
evaluación, que de ninguna manera pretende ser un análisis
exhaustivo, nos lleva a reflexionar sobre los efectos de las
distorsiones entre los factores que deben converger para
lograr hablar de un país con una clara visión de su
futuro, en el cual tengamos indicadores de progreso que nos
permitan construir una sólida plataforma para el
cumplimiento de los objetivos esperados en el programa de
acción amplio acordado por la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992.
La última
década venezolana, y particularmente los últimos tres
años de nuevas políticas, enfrenta el reto fundamental de
lograr consenso nacional e internacional, en una sola
dirección: consolidar el desarrollo humano con la
satisfacción integral de las necesidades de su gente, sin
exclusión alguna.
A partir
del presente diagnóstico se formulan las siguientes
recomendaciones:
1.
Informar periódicamente
sobre los alcances de la Agenda 21 y lo que la comunidad
internacional espera del país, así como la situación en
que se encuentra su implementación en Venezuela.
2.
Diseñar de un Plan Nacional
para el Desarrollo Sostenible que articule los esfuerzos que
se desarrollan en el país, integrando todos los sectores y
asegurando la continuidad de los procesos con independencia
político-partidista. Este debe obedecer a un proceso
participativo que garantice la legitimidad de la sociedad
civil en la toma de decisiones.
3.
Crear el Comité Nacional de
Desarrollo Sostenible, para coordinar efectivamente
todas las acciones derivadas de la adopción de los
programas de la Agenda 21, así como de aquellos que se
deriven de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en
Johannesburgo.
4.
Desarrollar un sistema de
indicadores de la gestión de la sustentabilidad para
monitorear el progreso en la adopción de los principios de
la Agenda 21 en Venezuela, basados en objetivos y metas
cuantificables en un horizonte temporal de gestión. Tales
indicadores alertarían en forma temprana en torno a la
situación de los bienes y servicios ambientales del país y
sus necesidades de conservación y desarrollo, esto con la
finalidad de mantener a todos los actores informados sobre
los progresos y las dificultades en la gestión ambiental,
así como las acciones que cada sector de la ciudadanía
debe emprender, en procura de la mejora de la calidad de
vida.
5.
Reactivar el Consejo
Nacional para la Educación Ambiental, las correspondientes
comisiones regionales y los comités municipales, como entes
institucionales autónomos coordinadores de todas las
actividades relacionadas con esta materia.
6.
Diseñar programas de
capacitación que abarquen todos los niveles y modalidades
educativas para cumplir con el Art. 107 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, comenzando por la
revisión, actualización o creación de toda la base
conceptual de la temática ambiental.
7.
Definir las prioridades
ambientales del país, con una amplia y representativa
participación de los diferentes sectores, aceptando el
concepto del trabajo secuencial hacia grandes temas.
Identificar claramente los problemas es esencial para poder
proponer soluciones, en donde cada sector de la sociedad
entienda y se comprometa a cumplir con su responsabilidad en
la solución. El proceso debe ser transparente,
democrático, altamente técnico, representativo y
participativo.
8.
Promover la definición de
una clara política ambiental, coherente con las otras
políticas nacionales, de progresiva administración, basada
en una continuidad técnica y gerencial, con conocimiento de
los problemas y de las posibles alternativas de solución, y
transversal a todos los sectores de producción del país.
9.
Promover la activa
coordinación de esfuerzos entre la sociedad civil
organizada, el empresariado, la comunidad científica y
tecnológica, el resto de los poderes públicos y los medios
de comunicación social. Las autoridades gubernamentales,
por si solas, no podrán acometer los retos ambientales de
la década que se inicia con el año 2002.
10.
Fortalecer el desarrollo del
derecho ambiental para promover la eficiencia de la norma de
manera que sea lo suficientemente idónea como para alcanzar
los objetivos propuestos, enfatizando la seguridad jurídica
frente a la necesidad de garantizar el ejercicio del derecho
a un ambiente sano.
11.
Evaluar los efectos en el
ambiente de los planes, políticas y programas a la luz de
los principios del desarrollo sostenible en la legislación
nacional.
12.
Realizar un estudio
sistemático para la armonización de la legislación que
rige la materia como fue propuesto en la Cumbre de las
Américas en Santa Cruz, Bolivia, 1996, incluyendo el
diseño y formulación de programas de evaluación
periódica de la legislación para hacerla más eficaz.
13.
Fortalecer la planificación
estratégica a corto, mediano y largo plazo, con una justa
asignación presupuestaria, y el concurso de todos los
actores involucrados, especificando los indicadores que
permitirán medir la efectividad de tales acciones,
incluyendo los mecanismos de seguimiento y control. Especial
interés merece la planificación hidrológica, el manejo de
las áreas protegidas y el control de las actividades
susceptibles de degradar el ambiente.
14.
Fortalecer la capacidad
jurídica de la gestión ambiental con la generación de
instrumentos de carácter preventivo y de control que
permitan la aplicación de la norma.
15.
Evaluar y proteger los
recursos de agua dulce y revisar los objetivos nacionales
para la utilización, calidad, protección y mejora de su
calidad.
16.
Revisar los mecanismos de
consulta y coordinación interinstitucional, a nivel
gubernamental, no gubernamental y privado, a los fines de
garantizar el intercambio sistemático de información entre
los diversos sectores, para agilizar los procesos de toma de
decisiones y evitar la duplicación de esfuerzos. El
diálogo se impone como mecanismo de participación de los
diferentes subsectores de la sociedad.
17.
Incrementar la inversión
pública y/o privada en la gestión ambiental, a los fines
de fortalecer y consolidar la estructura administrativa
oficial y/o privada existente a nivel nacional, favoreciendo
particularmente los procesos de descentralización y los
mecanismos de vigilancia y control de las acciones
susceptibles de degradar el ambiente.
18.
Establecer una política de
producción limpia que incorpore incentivos económicos de
tipo fiscal y créditos a la industria para propiciar la
reconversión, así como programas encaminados a maximizar
los beneficios derivados los programas de secuestro de
Carbono, así como de aquellos dirigidos a conservar las
reservas de Carbón existente, incluyendo el mejoramiento en
el uso de combustibles fósiles.
19.
Fomentar la creación y
desarrollo de una estructura eficiente y efectiva que
fomente la reducción, reutilización y reciclaje de
residuos a nivel nacional, tanto a nivel urbano como rural.
Asimismo, resulta imperativo evaluar y corregir en el menor
plazo posible, los mecanismos de recolección, tratamiento y
disposición final de residuos domésticos, y el manejo
apropiado de desechos peligrosos, tóxicos y/u
hospitalarios.
20.
Propiciar la capacitación y
el desarrollo de los recursos humanos con competencia e
interés en la gestión ambiental, particularmente de
aquellos con responsabilidad directa en la defensa,
conservación y mejoramiento del ambiente, incluyendo a las
autoridades locales.
21.
Propiciar la creación y
mantenimiento de espacios en los medios de comunicación
social dirigidos a la promoción de valores, conocimientos y
conductas cónsonas con la conservación ambiental y el
desarrollo sostenible, con énfasis en aquellos espacios
orientados a sensibilizar, informar y formar a la
ciudadanía en torno a la importancia de conservar un
ambiente sano.
22.
Identificar
y documentar los problemas ambientales prioritarios y las
necesidades de desarrollo sostenible, para su atención
inmediata en el marco de una agenda única de país,
intersectorial y multidisciplinaria, que convoque e
incorpore a los principales sectores públicos y privados,
incluyendo a la comunidad académica, científica y
tecnológica, con una amplia participación de las
comunidades, las ONG y los medios de comunicación social.