Conservación
y Desarrollo Sostenible en Venezuela
Visión de la Sociedad Civil en la Implementación de la Agenda 21
Evolución del Contexto Institucional
Por un lado el país
cuenta con el primer Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
Renovables de Latinoamérica y único hasta la década de los 90, hoy
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN). Por el otro, la
década de los 80 marcó el surgimiento y el fortalecimiento de los
órganos de integración, tipo redes y coordinadoras, de carácter
regional o temático, por lo que la década de Río a Johannesburgo es
recibida con un movimiento ambiental y social amplio, diverso y
altamente reconocido por su importancia para la sociedad.
Lejos de promoverse un
proceso coordinado, con visión de futuro, progresivo en su diseño e
implementación, coherente con las necesidades de desarrollo y ajustado
a la complejidad ambiental de Venezuela, en solo 10 años de gestión
ambiental nuestro país ha propiciado al menos tres procesos
estructurales de reestructuración general de la máxima autoridad
ambiental del país representada por el MARN y al menos 45 cambios en su
alta gerencia a nivel de Direcciones Generales, sin contar que en 10
años de gestión, hemos tenido 7 Ministros del Ambiente y 7 presidentes
del Instituto Nacional de Parques, algunos de ellos sin una formación
técnica sólida en la materia para ser realmente efectivos.
Las consecuencias de
este alta rotación de los niveles estratégicos y tácticos en la
gestión oficial, ha generado continuos cambios en el estilo y las
políticas de gestión determinadas por la ausencia de una
planificación estratégica que supere la actuación administrativa de
un determinado gobierno. Así vemos como algunos proyectos que se
iniciaron en una administración fueron desechados o eliminados en otra
gestión, en tanto que otros se iniciaron con muy buen diseño, pero
nunca arrancaron.
En el caso de Hidroven
y la Cartografía Nacional (hoy Instituto Geográfico Simón Bolívar)
estas organizaciones han tenido 3 presidentes y 2 directores generales
respectivamente, con lo cual se ha podido garantizar la continuidad de
algunos de los problemas, aunque en opinión de diversos especialistas,
la continuidad no necesariamente es sinónimo de efectividad.
El Sistema de
Información REVISA (Red Venezolana de Información Social para la
Acción) y el fichero de organizaciones de desarrollo Portafolio Social
desarrollados por SOCSAL, presentan de manera sistemática información
de más de 1.000 organizaciones de desarrollo, con más de 1.500
acciones o programas en diversas áreas, dirigida a una variada
población, principalmente de escasos recursos, con el fin de alcanzar
cada vez más un mayor bienestar en procesos democráticos
participativos (Vargas, 2000).
En la década de los
90 se crean diversas redes, coordinadoras y consorcios dedicados a la
infancia, vivienda, educación, género y economía popular. Su
predominio geográfico es fundamentalmente hacia el norte, centro y
occidente del país, donde se concentra alrededor del 80% de la
población (Vargas, 2000).
La década de los 90
también se caracterizó por una alta capacidad de respuesta técnica en
las diferentes instancias públicas y privadas. Ello se tradujo en la
cantidad de acciones y decisiones que en materia administrativa se
tomaron, incluyendo la elaboración de planes, programas y proyectos,
que llegaron a contar con el financiamiento de diversas instituciones
bilaterales y multilaterales.
En el año 2000, la
Red de Organizaciones Ambientales No Gubernamentales de Venezuela (Red
ARA) bajo la coordinación de Fundación Tierra Viva y con el apoyo de
Fundación Polar, Fundación Banco Mercantil, el Banco Mundial,
Petróleos de Venezuela (PDVSA), SOCSAL y WWF, llevó a cabo una
investigación que demostró que para la fecha existían más de 400
instituciones en el país, cuyo espectro abarcaba organizaciones de
base, asociaciones civiles, fundaciones privadas, redes y fundaciones
empresariales. Como producto de esta investigación se produjo un
directorio donde se incorporaron estas instituciones.
El mencionado estudio,
señaló que 54% de las ONG ambientales habían sido creadas entre 1990
y el 2000, pero que la presencia de estas organizaciones nacidas del
interés de los ciudadanos de agruparse para conocer y conservar el
ambiente data de finales de los años 30.
Posiblemente la
erupción de las ONG ambientales entre los 80 y 90 esté vinculada al
reconocimiento de la riqueza biológica del país, la
profesionalización del sector, la referencia del movimiento
internacional en pro del planeta, la baja capacidad de los organismos
del gobierno y su propia responsabilidad en la generación de muchos
problemas ambientales, junto a la necesidad de participación del
ciudadano en los asuntos vinculados a la conservación del medio (Luy,
2002). De ese período son, entre otras, PROVITA, EcoNatura, Fundación
Tierra Viva, SOCOCARACAS, ACOANA, Fundación de Parques Nacionales,
Ecojuegos y Fundhonat. De más reciente data son Fundación Agua Clara,
VITALIS y Bioparques.
Es importante
reconocer que como representantes de organizaciones privadas y sin fines
de lucro, muchas - sino todas - ONGs de carácter ambiental,
frecuentemente están sujetas a la vulnerabilidad asociada a la
consecución de recursos económicos y humanos para el logro de sus
objetivos (Luy, 2002). Posiblemente el mayor reto de las ONG ambientales
del país sea la sustentabilidad económica que garantice la continuidad
de sus acciones en pro de la educación, la conservación, el desarrollo
sustentable, y en última instancia, de una mejor calidad de vida de los
venezolanos.
Sobre este particular
destaca el trabajo de las Redes en Venezuela, tales como REDSOC, ARA,
Red Agroecológica Venezolana, SINERGIA, el Comité Venezolano de la
Unión Mundial para la Conservación (UICN), FORJA, la Red de Alerta
Petrolera (Oil Watch) y CERA-Lara, entre otras, quienes han logrado
establecer mecanismos permanentes de intercambio de información y
cooperación, en áreas claves del interés nacional.
De acuerdo con REVISA,
la población atendida en forma directa por los 1.500 proyectos
anteriormente mencionados, y ejecutados por las ONG, alcanza 3.384.434
personas, impactando en número de servicios a 8.703.308 personas, lo
cual alcanza a un tercio de la población del país en condición de
pobreza (Vargas, 2002).
En relación a los
poderes legítimamente establecidos, la reciente creación de la
Defensoría Ambiental, dentro de la Defensoría del Pueblo, llenó de
muchas expectativas al sector. Sin embargo, su actuación parece no
haber respondido a las exigencias de la colectividad, por lo que resulta
imprescindible sincerar sus capacidades y funcionamiento (VITALIS, SVDA
y UNIMET, 2002).
En cuanto al
Ministerio Público, la Dirección General de Ambiente de la Fiscalía
General de la República, creada en el año 2000, ha logrado mantener la
atención de denuncias de hechos violatorios de la normativa ambiental y
contrarios a la defensa, conservación y mejoramiento del ambiente
formuladas por cualquier persona, natural o jurídica que tenga
conocimiento de tales hechos. Si bien siempre ha existido la fiscalía
ambiental dentro de esta dependencia, el rango de Dirección Ambiental
le otorga al sector una mayor atención y responsabilidad, pese a que
aún su capacidad de actuación y respuesta sigue siendo limitada
(VITALIS, 2002). Vale mencionar que los órganos con competencia
especial en lo ambiental comprenden a la Fuerza Armada Nacional, por
órgano de sus componentes cuando estuvieren ejerciendo funciones de
investigación de delitos en el ámbito de sus atribuciones legales
(Armada y Guardia Nacional), el Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas, y cualquier otro órgano al que se le asigne
por Ley esa competencia.
En este sentido,
destaca la continua labor de la Guardia Nacional y la Armada de
Venezuela, pese a las serias limitaciones presupuestarias que no les
permiten desplegar sus acciones de manera satisfactoria en todo el
territorio nacional, particularmente en lo relativo al ejercicio de las
funciones de guardería y control, la investigación científica de
apoyo a los procedimientos, y la educación y extensión, según sus
áreas de competencia. Son órganos de apoyo para dirigir y ejecutar las
investigaciones ambientales las policías estadales, municipales y los
servicios mancomunados de policía, los órganos dependientes del Poder
Ejecutivo encargados de la Protección Civil y administración de
desastres; los cuerpos de bomberos y de administración de emergencias;
los cuerpos policiales de inteligencia; las unidades de servicio
autónomo, secciones, departamentos y demás dependencias de las
universidades e institutos tecnológicos y científicos de carácter
público y privado, todas dedicadas a la investigación y desarrollo
científico, entre otras.
Un elemento a favor
del fortalecimiento de la gestión ambiental durante esta década es la
consolidación de la gestión descentralizada en las competencias
municipales, que ha conllevado a la creación de diversos Institutos
Autónomos de la Gestión Ambiental, y ha elevado al rango de
Direcciones Generales de Ambiente algunas unidades operativas de
Gobernaciones y Alcaldías. El desafío de estas instancias está en
lograr los recursos financieros para funcionar cabalmente, y realizar
las coordinaciones pertinentes con las autoridades locales nacionales y
regionales.
El proceso de
descentralización de los poderes públicos no ha sido uniforme en todos
los estados, pues la transferencia de recursos se ha visto obstaculizada
por mecanismos burocráticos y político-partidistas. Sin embargo, en el
camino de la descentralización de competencias a nivel institucional,
se percibe un avance significativo por cuanto las regiones tienen poder
decisorio en lo relativo a la solución de los problemas que
directamente los afectan.
Es el caso de las
competencias delegadas a los municipios en materia ambiental no puede
negarse que se trata de un avance significativo, pero no se ejercen
dichas facultades, por razones que veremos más adelante, como la falta
de mecanismos para exigir su cumplimiento y en otros casos por
desconocimiento de las obligaciones que les han sido transferidas.
Frente a esta situación, se hace indispensable la capacitación a nivel
local sobre el ámbito de competencia para lograr el efectivo ejercicio
de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.