Para la historia social, económica y política de la Nación, la década que concluye en el 2002 y que se inició con la Cumbre de la Tierra, ha sido una de las etapas más difíciles para el país en el ámbito político, económico y social, debido principalmente al manejo ineficiente de los problemas socioeconómicos en el contexto global en el cual se desenvuelve Venezuela. En el cuadro 1 se refleja la compleja situación que atraviesa el país.

Cuadro 1. Contexto Socioeconómico de Venezuela (1992-2002)

Indicador	Valor
Económicos
Inflación acumulada de la década	2.975% (1)
Devaluación acumulada de la década	1.590% (1)
Deuda externa a Junio de 2002	$ 22 millardos
Deuda interna a Junio de 2002 (fuente no oficial)	$ 12,8 millardos
Producto interno bruto para el primer trimestre del 2002 (millones Bs)	138.252 (1)
Desempleo (abril de 2002)	15,9% (2)
Economía informal (primer trimestre del 2002	50,4% (2)
Salud y social
Tasa de mortalidad infantil	21 de cada mil (3)
Hogares con un miembro con enfermedad crónica	44% (3)
Enfermos crónicos que no se controlan por falta de prevención o dificultad económica	20% (3)
Hogares que no reciben agua diariamente	40% (3)
Hogares que no cuentan con disposición de cloacas	27% (3)
Educación
Niños entre 4 y 6 años que no asisten a la escuela	41% (3)
Niños entre 4 y 15 años que no asisten a la escuela	13% (3)
Deserción escolar de niños entre 4 y 15 años	69% (3)
Jóvenes excluidos del sistema educativo	44% (3)

Fuentes de información: 1. Banco Central de Venezuela,  2. Instituto Nacional de Estadística (INE) y 3. INE y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Durante esta década ha persistido en el país la inestabilidad política y el ámbito económico se ha caracterizado por una depreciación del bolívar en más del 1500%, así como una dependencia significativa de las exportaciones petroleras, cuya reducción en producción ha mermado la participación del país en dicho mercado. A ello debemos agregar el poco aprovechamiento de las grandes reservas de gas natural, la crisis financiera que afectó al sector bancario, todo esto con el subsiguiente incremento sostenido del costo de la vida y la cesta alimentaria. Estos efectos negativos han agudizado el desempleo y con ello se ha incrementado en forma significativa la economía informal llevando a altos niveles de pobreza. En el ámbito de la salud se observa el resurgimiento de enfermedades como el sarampión, el paludismo y el dengue.

Durante el 2002 el país experimenta un déficit fiscal originado principalmente por el incremento sostenido del gasto público. A partir de febrero de 2002 el ejecutivo nacional ha establecido medidas tendentes a mitigar dicho déficit, tales como un nuevo esquema de libre flotación cambiaria que ha originado una devaluación de 70% en cinco meses, una propuesta de incremento en un punto porcentual del impuesto al consumo suntuario y ventas al mayor (IVA) y el establecimiento del impuesto a las transacciones bancarias (0,75%). Asimismo, el Ejecutivo Nacional ha buscado alternativas de financiamiento por medio de los mercados financieros internacionales y locales, sin logros satisfactorios debido a lo poco atractivo y seguro que resulta el país y sus propuestas ante los inversionistas extranjeros y locales.

Actualmente, cerca del 60% del parque industrial se encuentra en situación de cierre o extrema emergencia; el comercio ha perdido 20% del mercado, afectado no sólo por la baja en el poder adquisitivo de la población sino por el creciente comercio ilegal; la economía informal se estima oficialmente en 51,8% de la población económicamente activa. El turismo, especialmente el sector hotelero, ha tenido pérdidas que llegan a 70%, afectado no solo por componentes internos, sino por la situación mundial del sector ante los atentados terroristas. El país no ha emprendido la construcción de ninguna obra de infraestructura de envergadura nacional que pudiera generar empleos y/o servicios y los representantes del sector agrícola y pecuario tienen dudas sobre el respeto a la propiedad privada y sus derechos sobre las tierras que trabajan, además de recibir pocos incentivos para la producción.

La población desocupada alcanza 15,8% según cifras oficiales, aunque sectores privados estiman alcance 21,5%; la canasta alimentaria para familias de cinco miembros, se estima en Bs. 278.000 mensuales (aproximadamente US $ 214), la básica (que incluye servicios de primera necesidad y vivienda) en Bs. 821.000 (aproximadamente US $632), pese a que el salario mínimo oficial es de Bs. 190.080 (aproximadamente US $147).

La expansión y densificación de los barrios, el deterioro de los servicios y el incremento de la pobreza se expresan en una sensible baja de la calidad de vida con variados efectos en el plano social, económico, cultural, psicológico, sanitario y ecológico, que marcan el paisaje natural de la Venezuela urbana (Cendes, 1999).

En 1999 se inició un nuevo período gubernamental con una carga de cambio ideológico político profundo, fortalecido a finales de ese mismo año cuando se promulgó la CRBV que derogó la Constitución de 1961, con la consecuente reformulación del Estado, incluyendo todos sus poderes.

Frente al panorama antes descrito, la actual gestión de gobierno ha propuesto un nuevo plan de desarrollo basado en cinco equilibrios que comprende: el económico, social, territorial, internacional y político, los cuales también han sido considerados de una u otra forma en administraciones anteriores.

Según las autoridades gubernamentales, la práctica de estos cinco equilibrios se fundamenta en la participación protagónica de todo el pueblo venezolano sin discriminación alguna, pese a que algunos sectores del país, como la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (FEDECAMARAS), las Asociaciones de Industriales y de Comercio (FEDEINDUSTRIA y CONSECOMERCIO), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y otros gremios de profesionales como maestros, médicos y abogados, unidos a representantes de la Sociedad Civil Organizada (la mayoría con tradición de más de 12 años en el país), han manifestado públicamente la falta de una apropiada consulta sobre la toma de decisiones nacionales en cuanto a los asuntos que les afectan.

Al igual que en administraciones pasadas, el Equilibrio Económico, plantea la reactivación del aparato productivo, procurando pasar de una economía rentista petrolera a otra de tipo productivo para permitir mejorar la calidad de vida de la mayoría de los venezolanos, en tanto se consideran los aspectos políticos, territoriales, sociales e internacionales. Sin embargo, a tres años de aplicación de este esquema, el balance de los indicadores macroeconómicos compromete el optimismo de este planteamiento. Cabe destacar que en esta área hemos contado con 5 ministros de Finanzas y dos ministros de Planificación en solo 3 años de gobierno.

Asimismo, la agudización de la actual situación socioeconómica y política del país, y los estilos de acción, tanto del gobierno como de la oposición, han traído como consecuencia la polarización de la sociedad, lo cual ha retrasado todos los esfuerzos públicos y privados para resolver los problemas sociales y ambientales del país, colocando la agenda política por encima de las necesidades del colectivo, entendido éste como el total de los hombres y mujeres que habitan en la nación.

La profunda desigualdad social, agudizada durante el último decenio sustenta, la propuesta oficial hacia un Equilibrio Social, está orientada a corregir las enormes distorsiones con su gran carga de exclusión e injusticia, así como también potenciar el pleno desarrollo del ciudadano en los aspectos relacionados con el ejercicio de la democracia. Ello responde a la necesidad de alcanzar el bienestar colectivo, de forma tal que la distribución de la riqueza y el ingreso que la crea, permitan un alto grado de justicia político-económica y la erradicación de la pobreza como la gran meta a alcanzar, tal como lo propone la Declaración de Principios de Río 92.

Con la aprobación de la CRBV, continúan y se exacerban las exigencias de la ciudadanía, ahora por el incumplimiento de sus mandatos, especialmente en leyes y en la conformación de instituciones sociopolíticas de altísima importancia para la práctica de una verdadera democracia. Por ejemplo, pese a dos años de su promulgación, aún no ha sido instituido el Poder Ciudadano, con representantes elegidos de acuerdo a lo estipulado por la Carta Magna (Fiscal, Contralor y Defensor del Pueblo), quienes son cuestionados por importantes sectores del país en cuanto a su grado de independencia y eficiencia. Tanto la Fiscalía General de la República como la Defensoría del Pueblo poseen funciones importantes en el sector ambiental de Venezuela, tal como lo establece el marco jurídico vigente.

Hasta la presente fecha, tampoco se ha promulgado una Ley de Seguridad Social, y su discusión ha sido pospuesta en varias ocasiones. El Poder Electoral no ha sido establecido y adicionalmente, del país más del 40% de los jueces son provisorios, y tampoco se ha reestructurado definitivamente el Poder Judicial.

En materia de ordenación y ocupación del territorio, Venezuela ha realizado importantes esfuerzos en toda la geografía venezolana, dado que la mayoría de la población se localiza al norte del Río Orinoco, concentrándose alrededor del 55% de la población en menos del 4% del territorio nacional, en la franja norte costera del país.

Por esta, y otras razones, la tesis del Equilibrio Territorial cobra especial interés para el país, siempre y cuando el Estado se plantee el adecuado uso y ocupación del territorio, propiciando mejores condiciones para sustentar un desarrollo armónico y sostenible, incentivando actividades económicas en los lugares apropiados, con la tecnología adecuada y la inversión necesaria para no comprometer las variables ambientales y ocasionar daños irreversibles en los sistemas naturales.

Vale citar que sólo una justa valoración de la vocación de las tierras y los suelos, puede llevar a una justa ordenación y ocupación del territorio, con estricto apego a la normativa ambiental vigente, respetando el derecho a la propiedad privada y a los usos y actividades cónsonas con las necesidades de conservación y desarrollo.

Sobre este último punto, preocupa la tendencia observada en varios sectores de la geografía venezolana, donde diversas poblaciones, mayoritariamente desasistidas, por motivación propia o incitados por terceros, iniciaron diversas "ocupaciones espontáneas", entendidas como invasiones de la propiedad, que han generado caos y agudizado los problemas de ocupación territorial, particularmente en terrenos supuestamente improductivos o utilizados para actividades "no estratégicas", afectando inclusive a algunas ABRAE (Áreas Bajo Régimen de Administración Especial), tales como Parques Nacionales y Refugios de Fauna Silvestre, destinados a la protección estricta de los recursos naturales. También destacan los esfuerzos oficiales por lograr la desconcentración urbana, aunque hasta la presente fecha la creación de ciudades fronterizas y las condiciones de empleo y mejora de la calidad de vida en tales localidades se encuentra en sus esfuerzos iniciales.

En el ámbito internacional, Venezuela se ha destacado como miembro de diversas redes de actuación profesional en el sector ambiental y el desarrollo, particularmente dentro de la Comunidad Andina de Naciones, el Tratado de Cooperación Amazónica, Asociación de Estados del Caribe, Grupo de los 15 (G15), Grupo de los 3 (G3) y el Grupo de los 77.

En este sentido, una propuesta de Equilibrio Internacional descansa en la reafirmación de la vocación integracionista del país, donde se pretende desarrollar una política de relaciones internacionales "equitativa y mutuamente respetuosa", que intensifique los procesos de cooperación e inserción de Venezuela en el ámbito mundial, enfatizando la integración de las naciones latinoamericanas y caribeñas.

Sin embargo, es oportuno reconocer que la práctica de esta política ha generado diversas dudas en varios sectores, particularmente por la falta de claridad en posiciones internacionales como el libre comercio, la globalización y los acuerdos multilaterales así, como la pendiente ratificación del Protocolo de Kyoto, el incumplimiento de compromisos con la Comunidad Andina en el tema del arancel interno, el rol político y técnico de Venezuela como Líder del G77 para el año 2002, y otras actuaciones que obedecen a posiciones de gobierno inconsultas con la sociedad civil.

Sobre este asunto, vale decir que el país tiene una extraordinaria responsabilidad al presidir el Grupo de los 77, que fuera creado en 1964 por 67 países en desarrollo y que en la actualidad engloba a 133 naciones que conforman la coalición más grande del tercer mundo en las Naciones Unidas. Su misión es proveer medios al mundo en desarrollo para articular y promover intereses económicos comunes y mejorar sus capacidades de negociación conjunta en todos aquellos asuntos internacionales de importancia mundial, en el cual se circunscribe lo ambiental, que comprende adicionalmente mecanismos técnicos y de cooperación entre sus miembros.

Dicha actuación está siendo seguida muy de cerca por una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales en todo el mundo, pues en algunas oportunidades su rol parece haber pasado desapercibido frente a temas claves de la gestión ambiental internacional. Vale citar que recientemente Venezuela, en nombre del G77 y China, ratificó su compromiso con los principios contenidos en la Declaración de Río y la Agenda 21, y ha insistido especialmente en la importancia de erradicar la pobreza, cambiar los patrones insostenibles de producción y consumo, promover la mejora de la salud y de la calidad de vida, impulsar un efectivo manejo y conservación de los recursos naturales y fortalecer el sistema de gobierno como base de un desarrollo sustentable, entre otras.

En cuanto al Equilibrio Político, la nueva CRBV define a la nación como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Tales principios, basados en un auténtico ejercicio de soberanía, deben fundamentarse en el respeto a la actuación de todos los sectores en el marco de una estrategia de sustentabilidad de la gobernabilidad, base de la democracia que ha persistido en Venezuela por más de cuatro décadas.

Un elemento fundamental de tal equilibrio es la continuidad administrativa, que preocupa a diversos sectores del país. Para dar un ejemplo, y como se mencionó en párrafos anteriores, en los últimos tres años Venezuela ha contado con 3 Vicepresidentes, 2 Ministros de Planificación, 5 de Finanzas, y 5 de Producción y Comercio.

La alta concentración de poder en la Presidencia de la República y con ello mayor centralismo en la toma de decisiones nacionales y regionales, ha sido motivo de cuestionamientos luego de haberse dado importantes pasos hacia una mayor independencia de las regiones a comienzos de la década que nos ocupa. Esa misma concentración de poder es vista con reserva por varios sectores de la vida nacional e internacional en cuanto a la real independencia de las instituciones públicas del país. Todos estos factores, y una alta conflictividad en el debate político, motivan la polémica sobre la gobernabilidad de la nación.