31325126441_df751c5819_k(Prensa Provea) El 159avo per铆odo de sesiones de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se realiza hasta el 7 de diciembre de 2016 en Ciudad de Panam谩. En la realizada sobre los derechos humanos en el contexto Arco Minero del Orinoco, el Estado venezolano reconoci贸 que ha realizado a煤n el estudio de impacto ambiental que ordena la Constituci贸n.

La audiencia sobre el Arco Minero del Orinoco fue la 煤ltima del grupo de 4 sesiones sobre Venezuela realizada el viernes 2 de diciembre en el Hotel Radisson Dec谩polis de Ciudad de Panam谩. La misma fue solicitada por las ONG Provea, Grupo de Trabajo de Asuntos Ind铆genas de la ULA (GTAI-ULA) y Laboratorio de Paz. Los temas que trataron los peticionarios fueron: Violaci贸n por parte del Estado venezolano a la obligaci贸n de realizar estudios de impacto ambiental; violaci贸n del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo, informado y de buena fe; el Arco Minero del Orinoco (AMO) y la demarcaci贸n de territorios ind铆genas; el Decreto Arco Minero del Orinoco (AMO) y los聽 derechos laborales; relaci贸n decreto estado de excepci贸n y emergencia econ贸mica y Arco Minero del Orinoco (AMO); militarizaci贸n de los territorios ind铆genas y recomendaciones.

Vladimir Aguilar, abogado especializado en derecho ind铆gena y coordinador del GTAI-ULA, expres贸: 鈥淓n los 煤ltimos meses, el gobierno ha comenzado a realizar reuniones para informar a los pueblos ind铆genas sobre 鈥渓os beneficios鈥 que van a recibir con el proyecto del AMO. Una vez m谩s, surge la demarcaci贸n como una herramienta de negociaci贸n. En reuniones con el alto gobierno algunos l铆deres han planteado que no habr谩 discusi贸n sobre el Arco Minero hasta tanto sus territorios hayan sido demarcados y titulados鈥. Al describir el proceso de intervenci贸n estatal de las organizaciones ind铆genas, Aguilar afirm贸: 鈥淪e ha realizado un proceso de cooptaci贸n partidista de algunas organizaciones y comunidades ind铆genas provocando una aculturaci贸n, divisi贸n interna y desviaci贸n de la lucha hist贸rica ind铆gena por sus territorios.

Por su parte Rafael Uzc谩tegui, Coordinador General de Provea, describi贸 las violaciones a los derechos laborales, libre asociaci贸n y manifestaci贸n pac铆fica generados por el decreto que crea el Arco Minero del Orinoco (AMO). Adem谩s detall贸 como el decreto de estado de excepci贸n y emergencia econ贸mica, en vigencia desde mayo de 2016, permite que las contrataciones para el Arco Minero no deban ser autorizadas por la Asamblea Nacional. Al aludir la militarizaci贸n de los territorios ind铆genas, Uzc谩tegui sostuvo: 鈥淓l art铆culo 30, numeral 2, de la Declaraci贸n de los Pueblos Ind铆genas de Naciones Unidas, establece que los Estados deben celebrar consultas eficaces con los pueblos ind铆genas antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares鈥. Finalmente el activista relat贸 los casos de criminalizaci贸n estatal a quienes han cuestionado el proyecto AMO.

En su intervenci贸n, los representantes del Estado venezolano, liderizados por el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos Larry Devoe, describieron las motivaciones econ贸micas y sociales que los impulsaba a desarrollar este proyecto de extractivismo. Asimismo afirmaron que en un futuro, cuando estuviera listo, se realizar铆a la difusi贸n de los estudios d impacto ambiental.

En su intervenci贸n final Provea record贸 que uno de los componentes de la Consulta Previa era ser informada. Por ello, al no tener los estudios de impacto ambiental como lo ordena la Constituci贸n, es imposible que el Estado promueva ninguna consulta con las comunidades.

Los comisionados de la CIDH rechazaron la criminalizaci贸n de defensores de derechos humanos que han advertido las contradicciones del AMO. Afirmaron que continuar铆an monitoreando el proyecto, por ser uno de los temas de inter茅s para la Comisi贸n.

Seguidamente transmitimos el video completo de la audiencia, cortes铆a de PROVEA.

Im谩genes cortes铆a de PROVEA.

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