Por Eduardo García (*)
En Venezuela existe un marco legal ambiental pionero en el continente con instituciones que sirvieron de referencia a muchos países para el establecimiento de su orden ambiental. Contamos con un soporte legal ambiental desde la Constitución Nacional hasta numerosas leyes y decretos que han servido en su momento para establecer los marcos técnicos y las mejores prácticas en muchos proyectos.
Lo anterior contrasta con lo que el ciudadano común puede ver en su día a día a lo largo del territorio nacional; sobreexplotación de recursos, mala calidad de vida por deficiencia de servicios, afectaciones diversas al ambiente que van en incremento, impunidad ante el daño ambiental, ausencia de políticas efectivas, uso de propaganda ambiental sin ningún tipo de resultados, falta de compromisos en el logro de metas ambientales y abundancia de proyectos realizados de manera expedita con la finalidad de satisfacer una necesidad a corto plazo o un compromiso político.
La cacería de proyectos de alto impacto económico de los últimos años en Venezuela por parte de empresas internacionales, gobiernos y políticos, desató la ejecución de obras colosales de muy alto costo monetario y ambiental para el país, sin que las mismas hayan llegado a su conclusión.
Se ha caído en un letal letargo que se ha acentuado por la sobreexplotación de recursos, la impunidad, el desconocimiento, el descontrol, la falta de respeto a las autoridades, la vergonzosa politización de los efectos ejercidos sobre el medio y su adjudicación a modelos económicos, así como el aumento exponencial de actividades responsables de incrementar diversos tipo de riesgos ambientales y sanitarios. Todo ello maquillado dentro de una política antrópica y errática que reproduce algo que llaman logros y metas en el más reciente documento consignado ante la Cumbre del Cambio Climático de París COP21. Mediante el uso de lineamientos ambiguos tras fachadas de una inverosímil fantasía de tintas iridiscentes, vacías y penosas, se evidencia la inexistencia en Venezuela de la más mínima lógica estadística en materia ambiental.
Para lograr todo lo anterior se deberá hacer una reconstitución de la institucionalidad a nivel ambiental, comenzando por el trabajo moral y el reanimo a los funcionarios de carrera a nivel nacional que los haga asumir el compromiso que conllevan con sus cargos, apoyar el resurgimiento de las instancias ambientales, la capacitación continua y la dotación.
(*) Ing. Geólogo (UCV), Ing. Geotécnico (USB), MSc. Análisis Ambiental (Royal Holloway Reino Unido), se desempeña desde 2005 como director de Agencia Ambiental, es asesor del sector minero en Sur América.
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