El tema Arco Minero debutó en el 2016 como principal problema ambiental

Notas de Prensa / Observatorio Ambiental de Venezuela: Notas de prensa y entrevistas

ONG exigen reparación de daños causados por derrame en Trinidad y Tobago

Por: Gilberto Carreño, VITALIS

Sesenta y una Organizaciones No Gubernamentales, entre ellas Vitalis, emitieron este lunes un pronunciamiento de condena y exigencia de resarcimiento de daños,  en relación con el más reciente derrame petrolero registrado en aguas marítimas de Trinidad y Tobago que está afectando las costas orientales de Venezuela, especialmente de los estados Nueva Esparta y Sucre, donde se reporta la muerte de un número no determinado de tortugas.

Entre las playas afectadas por el derrame registrado el pasado 23 de abril y que continúa propagándose por las costas venezolanas, se mencionan: La Caracola, Valdez, El Angel, Punta Ballena, Las Marites, El Agua, Parguito y Guacuco, además de las correspondientes a las islas de Coche y Cubagua, en el estado Nueva Esparta;  las de Güiria, Paria, Isla de Patos, Bahía del Morro de Puerto Santo y Cipara, en el estado Sucre: y de los archipiélagos de  Los Frailes y Los Roques, en las dependencias federales venezolanas.

Según lo informó el biólogo Diego Díaz Martín, presidente de VITALIS, en el documento se denuncia “la gravedad del daño ambiental” causado y se exige, tanto al Gobierno de Trinidad y Tobago como de la empresa Petrorin, causante del desastre, asumir las responsabilidades que les corresponden en el tiempo más perentorio.

Al mismo tiempo, indicó el vocero, se exhorta al Comité de Zona Costera de Nueva Esparta a que investigue a profundidad sobre el alcance de la contaminación por petróleo presente en las áreas marítimas y playas afectadas, e  instan al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su  Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, de Petróleos de Venezuela (PDVSA), de las Fuerzas Armadas, Defensoría del Pueblo y a todos los entes competentes a que garanticen, tanto la preservación de la calidad del agua como la vida de la flora y la fauna de las costas que aún continúan recibiendo parte del petróleo. Todo ello, además de las gestiones de carácter diplomática para hacer valer los derechos del país ante tan lamentable acontecimiento.

Indicó el líder de VITALIS que la situación es tan grave, que ya el hidrocarburo ha llegado al menos a tres parques nacionales de Venezuela: Península de Paria,Turuepano y Archipièlago de Los Roques. “La toxicidad del petróleo es ampliamente conocida, por lo que si no se toman medidas urgentes, las consecuencias serán irreversibles”, agregó Díaz Martín.

También solicitan las ONG firmantes, que se convoque a las organizaciones de la sociedad civil con experiencia en el área ambientalista para aportar alternativas de solución al problema y contribuir con la contingencia y apoyo con otros actores claves.

Invitamos a leer el documento completo en nuestra página: http://www.vitalis.net/2017/05/61-ong-se-pronuncian-acerca-del-desastre-petrolero-afecta-las-costas-nueva-esparta-sucre/

#LupaAmbientalVE

@ONGVitalis

Foro sobre ambiente en el país con énfasis en Barinas

Promovido por el Observatorio Ambiental de Venezuela, en el evento se analizarán aspectos relacionados con la región llanera, con base al Balance Anual de Vitalis correspondiente al 2017

Gilberto Carreño / Observatorio Ambiental de Venezuela

Vinculado a las conmemoraciones del Día Internacional de la Tierra, está prevista para este jueves 27 en Barinas, la realización del Foro del Observatorio Ambiental de Venezuela, con la participación de expertos de la región, que abordarán prioritariamente aspectos relacionados con su ámbito estadal.

Explicó la bióloga Zoila Martínez, directora ejecutiva de Vitalis, a cuya fundación se encuentra adscrito el mencionado observatorio, que en el acto fijado para celebrarse en la sala de videoconferencias de la Universidad de los Llanos “Ezequiel Zamora” (Unellez), de 8:30 am a 12 m., se presentará un análisis debidamente documentado de la situación ambiental y de sus posibles soluciones del país y de manera particular del estado Barinas, basado en el Balance Ambiental Anual de Vitalis, correspondiente al 2017.

Por su parte la coordinadora del Capítulo Vitalis Barinas, Cecilia Gómez, adelantó algunos detalles de los temas previstos para exponer los panelistas: Eliseo Castellano y Baudillo Mendoza, ambos de la Unellez,; así como por Nicola Lamartino, vicepresidente de la Corporación Legal de Venezuela; y Mauro Torres, presidente de la Red de Ingresos Reciclados. Indicó que la temática del foro estará dirigida a presentar, cuatro temas fundamentales dentro de la gestión ambiental del Estado Barinas: la pérdida de la biodiversidad, que ha destacado como uno de los principales problemas ambientales del país en el 2016, de acuerdo a la evaluación realizada por Vitalis; calidad y cantidad de agua potable, que hacen que en este Estado se presente la paradoja inundación-sequía; las debilidades de nuestra justicia ambiental con la presentación de propuestas para contribuir, mediante el sistema adecuado, a la conservación de los recursos naturales en nuestro país; y, para cerrar la experiencia de un proyecto de emprendimiento para el manejo de los residuos sólidos mediante un proceso automatizado de recolección inteligente que se lleva a cabo apoyado en un sistema de información mediado por computadora.

El agua y la sed de Barinas

Corresponderá al profesor Baudilio Mendoza Sánchez, de Unellez, presentar su ponencia “Eco-visión sobre el agua y la sed de Barinas”, en la cual se invita a un paseo en el tiempo, a memorar la magnificencia de la dotación natural en aguas y verdor, del territorio que luego ocupase la entidad barinesa.

También se toca brevemente la diferencial intervención antrópica prehispánica reciente y la colonial, creando sucesivas fundaciones urbanas, siempre apegadas a la vera del río Santo Domingo, magnánimo en agua y alimento. Y ante su impredecible comportamiento, se describe como se logró calmar la sed en la capital provincial, aprovechando las ricas y límpidas fuentes nacidas al pie de las cercanas colinas, mediante la construcción de la red de acequias coloniales, vigentes cerca de siglo y medio. Luego, se alude a la bendición del primer acueducto en la ciudad de Barinas y las vicisitudes para dotar del líquido potable a sus habitantes.

Pérdida de la biodiversidad

Eliseo Castellano (MSc) tendrá la responsabilidad de exponer sobre la “Pérdida de biodiversidad como problema ambiental de nuestros días”, en la que explicará sobre la variabilidad que existe dentro de los organismos, entre ellos y entre los ecosistemas de los que forman parte.

En este trabajo se presenta un panorama de la situación de la diversidad biológica del país, así como de las causas que la afectan y los efectos que produce dicho daño, con ejemplos en el entorno llanero. Se presentan también las medidas para mejorar la conservación de estos recursos, los cuales estima pueden ser de gran importancia económica, en especial en nuestros días, haciendo énfasis en la situación del estado Barinas.

Experiencia en residuos y desechos
A Mauro Torres corresponderá exponer sobre la “Experiencia de la Red Inteligente de Reciclaje en el manejo de residuos sólidos” que anuncia, se ha consolidado en los últimos años como una empresa que busca reducir integralmente los residuos a través de una recolección inteligente de los mismos, para reciclarlos, lo que la convierte en una alternativa sustentable para el saneamiento ambiental.

Lo novedoso de este proyecto, según indica, es que se conecta el ecosistema urbano mediante un proceso automatizado de recolección inteligente que se lleva a cabo apoyado en un sistema de información mediado por computadora.

Delitos ambientales
Nicola Lamartino (MSc) tendrá a su cargo, por su parte al tema “Delitos ambientales. El sistema de administración de justicia en materia ambiental”, en la cual dará a conocer el proceso de investigación y enjuiciamiento en esta área correspondiente a guardería ambiental en Venezuela; donde se explicarán las principales debilidades del sistema de administración de justicia en este aspecto.. Además se hará un análisis de la “cifra negra” de estos delitos con presentación de estadísticas actualizadas de los procesos penales en curso en el Estado Barinas, e igualmente, se presentarán las principales propuestas para contribuir, mediante el sistema de justicia, a la conservación de los recursos naturales en nuestro país.

gcarreno@vitalis.net

Arco Minero del Orinoco: una alarma que activa al país

La protesta crece, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, por el respeto a la vida de los pobladores de la región, el resguardo de los recursos naturales y por la propia salud del planeta amenazada,

Gilberto Carreño / Periodista ambiental (Especial del Observatorio Ambiental de Venezuela).

Desde la región geológica catalogada entre las más antiguas en el proceso de formación de La Tierra con las características que hoy conocemos, surge un grito convertido en alarma nacional ante las amenazas que se ciernen sobre un ecosistema del que depende la vida de sus habitantes y la calidad ambiental del país y del propio planeta.

La Guayana venezolana, conformada principalmente por los estados Amazonas y Bolívar, integra lo que es conocida como el Macizo Guayanés en una extensión estimada en más de 430 mil kilómetros cuadrados. En una combinación de maravillas geológicas y de selva tropical únicas  y más extensas del planeta, como los tepuyes y el área que abarca a la cuenca del río Amazonas compartida con otros ocho países de América del Sur, han constituido la fuente principal de riqueza para ese mundo bajo el predominio del desarrollo tradicional basado en la irracional explotación de los recursos de la Naturaleza.

De allí que, siguiendo con una vieja práctica de entrega territorial de los productos mineros de la región, una nueva amenaza contra la calidad de vida sus habitantes hace su aparición el 24 de febrero de 2016, cuando a través del Decreto Presidencial Nº 2.248, se crea lo que comenzó a denominarse “Zona de desarrollo estratégico nacional Arco Minero del Orinoco”, concebida por el Gobierno nacional como “una oportunidad clave para contribuir con el desarrollo económico productivo y social de la nación, salir del rentismo petrolero y lograr un sistema productivo diversificado e integral”.

En la determinación del área de afectación se establece una extensión de 111.000 Km2, equivalente al 46% del estado Bolívar, donde se ubica geográficamente, y abarca a 10 de los 11 municipios de esta entidad, afectando prácticamente a toda su población, predominantemente a los pueblos indígenas que los ocupan desde tiempos ancestrales, pese a ser teóricamente beneficiario su territorio de figuras de Áreas de Régimen de Áreas de Administración Especial (ABRAE), bajo modalidades de reserva de biósfera, reservas forestales, parques nacionales y zonas protectoras de cuencas, entre otras.

Indígenas activan la alarma

Fueron precisamente los pobladores de la región quienes emitieron su primer grito de alerta, exponiendo entre otros argumentos: en primer lugar, que “las negociaciones del gobierno con las transnacionales mineras no fueron consultadas con los Pueblos Indígenas, lo cual viola el Art.120 de la República Bolivariana de Venezuela”; segundo, que “no se han realizado los estudios de impacto ambiental  previos a las negociaciones, tal como se establece en el Art. 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, y, en tercer lugar, “el gobierno venezolano pretende involucrar a los Pueblos Indígenas a través de planes y políticas públicas, pero no hay medidas que mitiguen la magnitud de los conflictos que vienen con la explotación minera de 150 transnacionales voraces”

De igual manera, en comunicado que divulgó desde un principio la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas “Wanaaleru”, advierten sobre las consecuencias de la minería en el área de los pueblos indígenas, entre las que señalan la destrucción de la naturaleza, “es decir, la producción que hace la misma naturaleza de bienes y servicios para la vida”; y que al destruirse su economía de sustento, se ven obligados a desplazarse hacia centros poblados donde terminan como mano de obra barata, vendiendo sus artesanías a “revendedores oportunistas”. Además, que la minería destruye las culturas indígenas, porque se adopta la cultura minera basada en la acumulación y  depredación; incide en la salud de los pobladores, “porque con la destrucción de la economía de sustento y la dieta tradicional, además de la contaminación química, aparecen enfermedades que no eran comunes, como el cáncer, diabetes, neumoconiosis”,  y que las minas a cielo abierto repuntan la malaria.

El pronunciamiento indígena fue inmediatamente secundado por organizaciones ambientalistas y de investigación científica de la región, entre las que se incluyó el núcleo de la Universidad Católica Andrés Bello del Estado Bolívar y la Universidad Experimental de Guayana, que emitieron su Manifiesto de Guayana, en el que además de respaldar la argumentación de los pueblos indígenas, han propuesto, entre otras, además de su actualización tras su debida discusión, la promulgación del Plan de Ordenación del Territorio del Estado Bolívar y sus reglamentos de uso, con el objeto de armonizar las actividades económicas y sociales de la región conforme a la vocación de uso del espacio; la aprobación de la reforma del Decreto Nº 2.165, que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y sus conexas, que rescata la competencia de la Asamblea Nacional para la revisión y aprobación de contratos de interés públicos referidos a dichas actividades sobre los minerales propiedad de la república (artículos 150 y 187 de la República);  el diseño de una política minera que contemple la creación de un ministerio específico para el área de la minería, y reformar la ley de minas y sus reglamentos y fortalecer las instituciones que tradicionalmente han investigado y evaluado las potencialidades mineras reales de la región.

Igualmente, se han sumado a las protestas y exigencias de eliminación o reforma del referido plan Arco Minero del Orinoco, diversas Organizaciones No Gubernamentales como, entre otras, la Fundación Vitalis, Sociedad Homo et Natura del Estado Zulia, Azul Ambientalistas, la Red ARA, Una Montaña de Gente, la Federación Ecológica de Calabozo-Ciudadanos Verdes del Llano y la Fundación Agua Clara.

La gestión de la Asamblea Nacional

Por otra parte, promovida por el representante del Estado Bolívar ante la Asamblea Nacional (AN), diputado Américo De Grazia, esa institución designó una comisión que ha venido trabajando en el sentido de  evaluar el impacto ambiental y económico que ocasiona la explotación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”, cuyo informe preliminar fue presentado en plenaria del Parlamento a fines de diciembre del pasado 2016, en el cual se señala entre sus principales conclusiones que el decreto de creación de dicha zona “representa una violación de la soberanía nacional al pretender entregar más del 12% del territorio nacional para la explotación minera masiva, en condiciones lesivas para la República, desconociendo además los derechos sociales, sindicales y de los pueblos indígenas, quienes serían desplazados de sus territorios, de sus hábitats y tierras, al crearse un Estado dentro de otro Estado, con especial incidencia negativa para el 46% del Estado Bolívar que quedaría destinado a la minería”.

Asimismo, advierte sobre los enfrentamientos que se han venido denunciando entre distintos grupos por el control de las minas, y que han arrojado varias muertes en la zona, además de las irregularidades que observa con el otorgamiento de facultades en materia de negocios y actividades extractivas a una empresa militar “cuyas funciones de resguardo de la soberanía territorial están establecidas en la Constitución, todo lo cual crea un cuadro general de anomia o ausencia de normas que se agudizan por la crisis institucional existente y la corrupción en los altos mandos oficiales; y se compromete la moral y la ética de la Fuerza Armada, inconveniente para el país que requiere de su servicio para coadyuvar en la protección de sus cuencas, ríos, bosques, biodiversidad y del sistema de Áreas Protegidas.”

Con las dificultades que hoy enfrenta la Asamblea Nacional, la comisión sigue trabajando en la formulación de una ley especial que regule lo concerniente a la materia. Mientras, la protesta sigue creciendo, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, por el respeto a la vida de los pobladores de la región, el resguardo de los recursos naturales y por la propia salud del planeta amenazada.

@GilbertoCarreno @ONGvitalis

Sigue nuestras informaciones con el hashtag #LupeAmbientalVe


Leyenda foto: Explotación minera en el área del Arco Minero del Orinoco / Foto cortesía Prodavinci-AirPano

 

¡Que no se agote esa gota!

Gilberto Carreño / Periodista ambiental  – VITALIS – Observatorio Ambiental Venezolano.
Una grave paradoja de nuestro tiempo, lo constituye el hecho de que a la par del crecimiento de la demanda de agua potable por parte de la población, mayor es el desgaste y deterioro  por el hombre de ese recurso que nos ofrece la Naturaleza. La circunstancia de ser la Tierra un planeta ocupado por el agua con un volumen que se ha estimado en más de 1.300 millones de kilómetros cúbicos, de los cuales corresponden a Venezuela alrededor de  1.320 km3, no garantiza que podamos tener el recurso a nuestra disposición en abundancia y calidad para siempre.

África, con más de sesenta años de sequía después de haber poseído agua en abundancia, es una triste referencia de lo que puede suceder en una región donde los cambios climáticos introducen modificaciones drásticas en el ciclo hidrológico; mientras que Latinoamérica, y particularmente Venezuela, presenta problemas de agotamiento y deterioro de la calidad de sus aguas, especialmente causados por los errados patrones ocupacionales del espacio geográfico, modificación de las condiciones naturales de las fuentes productoras y en sus cuencas, así como una progresiva contaminación de los cuerpos de agua, generados por los vertidos de efluentes líquidos principalmente provenientes de usos domésticos, agrícolas, industriales y mineros.

Venezuela, de acuerdo con las informaciones emanadas de los servicios hidrológicos y meteorológicos del Estado, no es propensa por lo menos a corto y mediano plazos, a sufrir los problemas de desertificación que sufren otros países, aun cuando se reporten en ocasiones situaciones críticas en cuanto a los aportes de agua de lluvia se refiere, como se evidencia actualmente en el río Caroní con la disminución de sus caudales y lo cual afecta la generación de energía eléctrica desde el embalse del Güri.

Agua poseemos, y es la fortuna del país, contar con una importante fuente fija representada en sus ríos mayormente concentrados en la región sur, así como en otras provenientes de las cinco cuencas hidrográficas de países vecinos, como son los de La Guajira, y las de los ríos Catatumbo, Orinoco, Amazonas y Cuyuní.

Los problemas 


Puede observarse que perdura y parece agravarse, la descripción que sobre el particular fue presentado en el Informe Nacional de Venezuela, ante la Conferencia Cumbre de la ONU sobre Ambiente y Desarrollo, celebrado en junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, donde ya se denunciaba el “alto grado de agotamiento y contaminación de los cuerpos de agua dulce” y que en el país “los principales problemas en este ámbito son: la escasez del recurso hídrico en áreas puntuales y la sobreexplotación de los acuíferos; la disminución rápida de la vida útil de los embalses; el uso inadecuado de la tierra en las cuencas altas de captación; la contaminación por los vertidos de los efluentes no tratados provenientes de los centros poblados, zonas agrícolas e industriales; la ocupación indiscriminada de áreas de inundación; la falta de protección a los humedales y demás ecosistemas acuáticos”.

Se definían entonces como áreas prioritarias de atención inmediata,  las mismas que hoy son objeto de denuncias, entre ellas: los ríos Tuy, Neverí, Manzanares, Yaracuy, Turbio y Tocuyo, así como las cuencas de los lagos Maracaibo y de Valencia, además de los litorales costeros. Hoy el problema se multiplica, por la falta de respuestas ante la exigencia no satisfecha de ampliar la infraestructura de almacenamiento y distribución del fundamental recurso.

En informaciones aportadas por expertos en gestión de aguas y de salud pública, como el expresidente de Hidrocapital, José María De Viana, y el ex ministro de Sanidad, José Félix Oletta, han venido alertando sobre los riesgos que corre la población en algunas regiones del país por la presencia  en el agua que se consume, de enterobacterias (provenientes de desechos humanos), así como de cinobacterias (de las algas) y de residuos metálicos originados por la actividad industrial y explotación minera (mercurio principalmente), por causa de control sobre el recurso, así como por el inadecuado o, en la mayoría de los casos, falta de tratamiento del líquido.

Por su parte, el epidemiólogo Miguel Vizcuña, con responsabilidad en el área de salud en el ámbito regional del estado Miranda, ha venido advirtiendo sobre las consecuencias de la mala calidad de las aguas en Venezuela, como consecuencia de la falta de vigilancia de los embalses, que considera asociada al incremento de cados de diarreas, hepatitis y amibiasis en un amplio sector de la población.

 

Reclamos a las autoridades venezolanas

     
Ha sido una de las tareas duras que le ha correspondido a la actual Asamblea Nacional (AN), ser atendidas por las autoridades que tienen asignadas gestiones relacionadas con el almacenamiento, tratamiento y distribución del agua potable, por lo que en una misión cuesta arriba, una comisión parlamentaria especialmente designada para tratar este aspecto ha logrado realizar una investigación y presentar un informe sobre la problemática del agua en Venezuela.

En efecto, de acuerdo con dicho informe presentado por el grupo parlamentario encabezado por los  diputados Staling González, presidente de la Comisión de Administración y Servicios, y Julio César Reyes, presidente de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climática, arribó, entre otras, a las siguientes conclusiones:

  • El Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Ambiente, construyó transvases de enorme cantidad de aguas negras que contaminaron de manera irreversible las fuentes de agua potable de la Gran Caracas y de la conurbación Valencia-Maracay. La mayor fuente de agua potrable de Caracas, el embalse de Camatagua de excelente calidad hasta el año 2009, es hoy día un embalse muerto, eutroficado, intensamente contaminado y sus aguas no son aptas para el consumo humano.
  • En el caso del Lago de Valencia, no sólo se han construido obras para contaminar los embalses Pao / Cachinche y Pao / La Balsa a partir de las aguas negras de los ríos Maruria y Cabriales, sino también de las aguas contaminadas y salinas del lago de Valencia.
  • Se han construido grandes obras hidráulicas sin ninguna utilidad pública, malgastándose enormes montos en obras mal proyectadas y que hoy en día son monumentos inútiles. El caso más emblemático es el mayor acueducto del país: una tubería de 185 Km que va del embalse de Matícora a la península de Paraguaná. Este se encuentra vacío y nunca llevará agua a la población de Falcón. La razón es elemental, el embalse de Matícora está totalmente sedimentado y en consecuencia es incapaz de garantizar ningún caudal.
  • Existen obras de importancia capital que están inconclusas. Se anunció al pueblo margariteño la construcción de un nuevo Acueducto: el Acueducto “Luisa Cáceres de Arismendi” para sustituir la antigua tubería construida en el año 1968. Esta tubería presenta enormes problemas en el tramo submarino de 23 km., ya que las condiciones de este tramo entre el Morro de Chacopata y el del sector de Punta Mosquitos presentan corrosión y un enorme número de roturas con pérdidas de agua dulce. El primer tramo a sustituir ha debido ser el submarino, al estar en mal estado es el responsable de las mayores pérdidas de agua destinada a Margarita. Sin embargo, esta obra nunca se realizó hoy en día los margariteños dependen de una tubería colocada hace 38 años, muy mal mantenida y escasamente reparada.
  • Programa de Rehabilitación y Optimización de Plantas Potabilizadoras de Agua sin ejecutar. En el año 2011, Hidroven solicitó a la Corporación Andina de Fomento (CAF) recursos para diagnosticar el estado de operación de las siete (07) mayores plantas de agua potable del país. Este diagnóstico evidenció la escasa calidad de las operaciones de potabilización realizada en estas plantas y en varias de ellas la calidad del agua tratada era totalmente inaceptable. A este respecto merecen destacarse los pésimos resultados obtenidos en las Plantas de Tratamiento de Caujarito, La Guairita, La Mariposa y Alejo Zuloaga. Cabe señalar que el Programa de inversión para la Rehabilitación, y Optimización de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable, a ser financiado con recursos de la Nación, de la CAF y del BID, nunca se ejecutó.

Recomendaciones de la Comisión

Entre otras se plantean:

  • Exigir el cumplimiento a los presidentes de las empresas operadoras nacionales los resultados de las investigaciones sobre la calidad del agua, realizados en sus laboratorios de forma permanente para soportar su responsabilidad en el tema de salud de los venezolanos.
  • Exhortar al Ministerio del Poder Popular de Ecosocialismo y Aguas a suministrar a la brevedad del caso información orientada a disponer de mayor conocimiento sobre los factores que inciden en la baja calidad del Servicio de Abastecimiento de Agua potable y Saneamiento.
  • Atender responsablemente y en estrecha coordinación con los gobiernos municipales y regionales, los recurrentes problemas de roturas que originan cuantiosas pérdidas del líquido en las redes de distribución de agua potable de la gran mayoría de los centros poblados a nivel nacional. En ese sentido, se exige la elaboración de planes de acción y su inmediata puesta en marcha para evitar la pérdida diaria de millones de litros de agua.
  • Presentar públicamente el Plan de Acción existente para atender la problemática agudizada de agua potable en el estado Falcón, a fin de que el mismo pueda ser evaluado por un equipo técnico del más alto nivel y pueda apoyar en la definición de la alternativa técnico-económica para la solución de los problemas existentes y con visión de largo plazo.
  • Rendir cuentas de los préstamos en ejecución, destacando datos sobre las obras realmente realizadas; particularmente para el caso del Proyecto Guaire, el cual después de más de 10 años en ejecución (siete años, con cuantiosos recursos del FONDEN y más de tres años con recursos de préstamo BID), sin logro alguno.
  • Declarar la Emergencia y crisis nacional en materia de abastecimiento de agua y saneamiento, dada la crisis de suministro de agua potable reinante en el país, con especial énfasis en el Estado Nueva Esparta por su condición fronteriza e insular, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 15 de la Constitución Nacional, con el fin de otorgar las asignaciones de recursos necesarios para atender de manera inmediata los requerimientos de agua de la población neoespartana.

@GilbertoCarreo @ONGVitalis

#LupAmbientalVe

 

Imagen cortesía de pixabay.

 

 

Menos de 25% de aguas residuales en Venezuela son tratadas

22 de marzo: Día Mundial del Agua

El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, de acuerdo a la resolución A/RES/47/193 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este día, en todo el mundo, los gobiernos, ONG, empresas, medios de comunicación social y la sociedad en general, centran la atención en la importancia de un recurso finito, sin el cual la especie humana, y el resto de los seres vivos, no podrían sobrevivir.

Cada año, el Día Mundial del Agua resalta un aspecto específico del agua dulce. Este año, bajo el tema de “Aguas residuales, ¿por qué desperdiciar agua?”, proporcionará una oportunidad para resaltar la importancia de reducir la cantidad de aguas desperdiciadas luego de su uso.

Mundialmente, la mayoría de las aguas residuales de nuestras casas, ciudades, industrias y agricultura, fluyen de regreso a la naturaleza sin ser tratadas o reusadas, contaminando así el ambiente y perdiéndose valiosos nutrientes y materia recuperable.

Zoila Martinez, Directora Ejecutiva de Vitalis, señaló que en Venezuela el tratamiento de las aguas residuales constituye uno de los grandes problemas ambientales que confronta el país, ya que se estima que menos de 25% de las aguas contaminadas son debidamente tratadas.

En el caso de Caracas, donde se localiza la mayor concentración urbana del país, existen pocas plantas de tratamiento. Por ello, las aguas residuales son vertidas en la cuenca del Río Tuy, que desemboca en el Mar Caribe. Para Martínez, “la ciudad capital sólo cuenta con la planta de tratamiento de aguas residuales de tipo experimental, ubicada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela (Planta Experimental de Tratamiento de Aguas –PETA), y con la de Empresas del Grupo POLAR, en la zona industrial Los Cortijos”.

Para Diego Díaz Martín, Presidente de VITALIS y fundador de la Asociación Venezolana para el Agua, en lugar de desperdiciar las aguas residuales, necesitamos disminuir la cantidad que generamos y debemos hacer todo lo necesario para reusarlas. Recordemos que en nuestras casas podemos aprovechar las aguas grises, de lavamanos y la ducha, para lavar el piso, y dependiendo de su condición, hasta para lavar la ropa.

En nuestras ciudades, también podemos tratar y reusar las aguas residuales para espacios verdes como plazas y jardines, y en la industria y la agricultura podemos tratarlas, reciclarlas y usarlas para sistemas de enfriamiento y riego”, afirma Martínez.

Es necesario impulsar   la   construcción   y   puesta   en   funcionamiento   de   plantas   de tratamiento de aguas servidas a nivel municipal, a fin de disminuir el impacto que las aguas residuales ocasionan sobre los distintos cuerpos de agua del país. Después de todo, el agua es un Derecho Humano fundamental.    

#LupambientalVE

VITALIS presentó su balance 2016: Situación Ambiental de Venezuela empeoró

La organización no gubernamental VITALIS presentó su balance ambiental anual, que incluyó la opinión de más de 100 expertos de todo el país.

Entre los principales problemas ambientales de Venezuela, figura la minería y su impacto ambiental negativo, haciendo alusión al proyecto oficial del Arco Minero, que a confesión de partes, no incluye una evaluación de impacto ambiental y socio cultural, actividad que puede trae consecuencias negativas al medio natural y a las poblaciones humanas involucradas.

Como segunda preocupación de los ambientalistas, figura la gestión del agua, no solo por temas vinculados con el acceso al vital líquido, sino también con la cantidad de aguas servidas que produce el país, y que en su gran mayoría no son tratadas, con lo que se contaminan los suelos y las mismas fuentes de agua.

La basura pasó a ser en 2016 el tercer problema ambiental, debido a los deficientes sistemas de gestión que no han logrado reducir la cantidad de residuos y desechos que producimos los venezolanos, así como tampoco reciclar mayor volumen de materiales, estimándose que en el país, menos de 9% recibe ese tratamiento.

La pérdida de biodiversidad y la vulneración de las áreas naturales protegidas, figuran en las posiciones cuarta y quinta del estudio de VITALIS. Por un lado, la débil gestión de la fauna y flora dentro y fuera de las áreas protegidas, y el sostenido incremento de especies amenazadas, preocupan a los ambientalistas. A esto se suma el mal estado de las colecciones animales y plantas en los zoológicos y jardines botánicos y botánicas.

A lo anterior se suman las actividades incompatibles, ilegales o no acordes a las áreas bajo régimen de administración especial, que contradicen los fines para los cuales han sido creados.

El informe de VITALIS puede ser consultado en la sección del observatorio ambiental de VITALIS en su página web en la siguiente www.vitalis.net/lupambientalVe. El mismo también incluye algunos logros de la gestión local, así como una serie de recomendaciones importantes para ser tomadas en cuenta por los distintos autores.

Acciones que apremian ante la problemática ambiental de Venezuela

El Doctor Juan Carlos Sánchez y la Bióloga Zoila Martínez, Directora Ejecutiva de VITALIS, explican cómo se puede corregir la gestión ambiental de Venezuela para que su biodiversidad y ecosistema no sufra consecuencias irreversibles.

El desarrollo ambiental en Venezuela se desempeñó de manera recalcable e incluso referencial para otras naciones hace décadas, al punto de que las delegaciones extranjeras viajaban al país para hablar con los responsables de las gestiones ambientales. Sin embargo, actualmente el rezago de la gestión se expone con los amplios tiempos de espera para tomar decisiones relevantes ante la problemática ambiental.

Zoila Martínez, Directora Ejecutiva de VITALIS, coincide en que Venezuela enfrenta una difícil situación difícil en diversos ámbitos, incluyendo el debilitamiento de la gestión pública en favor de la defensa, conservación y mejoramiento del ambiente.

Para el Doctor en Ciencias Ambientales, Juan Carlos Sánchez, este es un punto clave en la situación ambiental presente. Asegura que los tiempos políticos son muy distintos a los que requiere en realidad la gestión ambiental. “La conexión de esto con los problemas ambientales es precisamente porque la mayoría de las dificultades que confrontamos en el país son problemas crónicos, es decir, que no se han resuelto en mucho tiempo”.  Como ejemplo se puede tomar la gestión de desechos sólidos de la ciudad, que no es un problema reciente. Al respecto, Zoila Martinez resalta que la disposición indebida de los residuos sólidos ha destacado entre los principales problemas ambientales del país por más de cinco años en las evaluaciones que realiza VITALIS anualmente.

De acuerdo con Sánchez, las mallas abarrotadas de basura van más allá del techo, situación que no debería existir en una ciudad como Caracas, debería tener por lo menos “dos o tres estaciones de transferencia para desalojar los desechos de manera de que nunca se viera ese espectáculo que tiene ramificaciones sociales, lamentablemente.

Eso no es nuevo, es porque no se toman las decisiones y la gente se va acostumbrando a esa calidad de vida”, sostiene. Las consecuencias de este retraso pueden llegar a ser muy negativas para los ecosistemas, que también poseen un punto de inflexión a partir del cual los daños son irreversibles.

Los principales desafíos de la gestión ambiental en Venezuela

Martínez destaca la escasez de herramientas para el seguimiento, evaluación y medición de muchas de las variables fundamentales en el campo ambiental, e indispensables para la adopción de medidas preventivas. Zoila Martínez concluye que, en Venezuela, en materia ambiental, la inquietud es cada día de mayor alcance. Es evidente la necesidad de articular sistemáticamente los aportes de diferentes actores en espacios de interconexión que los integren y que favorezcan la maximización de acciones conjuntas.

Desde el primer Observatorio Ambiental de Venezuela diseñado por VITALIS entre los años 2002 y 2004, enfocado inicialmente en parques nacionales y monumentos naturales, la ONG asumió la evaluación anual de los principales desafíos en la materia, incluyendo el análisis de los retos y acciones necesarias para brindarles su oportuna solución.  Actualmente se extiende en sus funciones para evaluar los principales alcances y dificultades de la gestión ambiental en el país, identificar acciones concretas que pueden ser desarrolladas tanto por gobiernos regionales y locales, universidades y sociedad civil organizada. Busca, además, analizar periódicamente las políticas en la materia teniendo en cuenta el contexto internacional, para promover una mayor eficiencia y eficacia en la gestión, conservación y uso sustentable de nuestros recursos naturales y del ambiente en general.

El ingeniero Juan Carlos Sánchez destaca la gravedad de que “podamos tener consecuencias muy adversas de pérdida de biodiversidad”. El detalle del cambio climático en el país no puede operar “por decisiones exclusivas del Gobierno Central, hay que tener una descentralización en la gestión del cambio climático y darles la capacidad a los alcaldes y gobernadores para que ellos mismos establezcan sus programas de adaptación”.  

La oportunidad para abrirle paso a la descentralización tan urgida se presenta con la nueva Ley que se discute en el presente: la Ley del cambio Climático Nacional que está en manos de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional (AN).

#LupambientalVE

Entrevista al Dr. Juan Carlos Sánchez: La mayoría de los problemas ambientales que confrontamos en el país son crónicos

El experto y consultor ambiental insiste en el desajuste en las decisiones políticas y la urgencia de la problemática ambiental.

Por Romhy Cubas, VITALIS

Para el Dr. Juan Carlos Sánchez, este es un punto clave a destacar cuando se le consulta sobre la situación ambiental presente. Asegura que los tiempos políticos son muy distintos a los que requiere la realidad de la gestión ambiental. “Está ocurriendo que problemas muy significativos del pasado, siguen presentes y limitan la gestión ambiental pública actual”, sostiene.

Venezuela fue décadas atrás un país con un desarrollo ambiental recalcable e incluso referencial para otros países, al punto de que las delegaciones extranjeras viajaban a nuestro país para aprender sobre su Legislación y conversar con los responsables de las gestiones ambientales. Esto fue en la década de los 80; sin embargo, hoy en día la situación ha cambiado, y uno de los principales influyentes para el rezago de la gestión está en los tiempos de espera para tomar decisiones relevantes ante la problemática ambiental, que se alargan de manera considerable.

En la década de los 80 hubo un auge significativo de propuestas, como las primeras regulaciones ambientales, la Ley Penal del Ambiente y la Ley Orgánica del Ambiente, que se mostraron como una acción de gobierno, en esta materia, donde el Ministerio del Ambiente tenía la voz cantante en parte importante de las gestiones. Se trabajó mucho para tratar de mejorar “la calidad del ambiente”, recuerda.

Para Sánchez, la Conferencia Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Rio de Janeiro –Brasil- en 1992, representó un punto de inflexión en estas diligencias. “Esa fue la Cumbre de Ambiente y Desarrollo de donde salió la Agenda 21, que es un manual de desarrollo sustentable, algo así como un conjunto de orientaciones políticas que deben asumir los gobiernos para tratar de enrumbar el desarrollo de una manera sustentable. Esta Agenda 21, la mayoría de los países la adoptó como una guía, aquí en Venezuela por una razón que desconozco la Agenda se engavetó, nunca fue tomada en cuenta”.

Es así como para el especialista – quien cuenta con más de 34 años de experiencia en Normas Ambientales, evaluación de la contaminación, gestión ambiental industrial y acuerdos ambientales internacionales – desde la década de los 90 surge un estancamiento en Venezuela mientras que los otros países progresan en el mismo plano.

“Hubo un punto de inflexión y no sé porqué cuando es tan importante, en la Agenda 21 están las orientaciones claras y específicas de las políticas que deben adoptarse para resolver muchos problemas”, asegura. “Ahora bien, la conexión de esto con los problemas ambientales es precisamente porque la mayoría de las dificultades que confrontamos en el país son problemas crónicos, es decir, que no se han resuelto en mucho tiempo”.

Como ejemplo se puede tomar la gestión de desechos sólidos de la ciudad, que no es un problema reciente. La estación de transferencia de Las Mayas abarrotada de basura que sobrepasa su techo, es una situación que no debería existir en una ciudad como Caracas, que de acuerdo con Sánchez debería tener por lo menos “dos o tres estaciones de transferencia para desalojar los desechos de manera que nunca se viera ese espectáculo que tiene ramificaciones sociales, lamentablemente. Eso no es nuevo, es porque no se toman las decisiones y la gente se va acostumbrando a esa calidad de vida”, sostiene.

El experto y consultor ambiental insiste en el desajuste en las decisiones políticas y la urgencia de la problemática ambiental. “Las decisiones se toman solo cuando ocurre un evento muy relevante o algo catastrófico. En el caso del plomo de la gasolina la decisión se tomó cuando dejó de ser un problema de calidad de aire para convertirse en algo más grave: un problema de salud. El riesgo de salud pública hizo que se tomara la decisión”.

Courtesy of the journalist Valentina Quintero

Las consecuencias de este retraso pueden llegar a ser muy negativas para los ecosistemas, que también poseen un punto de inflexión a partir del cual los daños son irreversibles.

“Para mí lo más grave que pudiera ocurrir es que podamos tener consecuencias muy adversas de pérdida de biodiversidad, no solamente por los problemas de deforestación -que son la primera causa- también por la contaminación y degradación de los cuerpos de agua natural. La verdad es que la biodiversidad es una de las mayores riquezas que tiene Venezuela”, afirma.

En cuanto al Cambio Climático es importante resaltar que una vez se genera toda emisión de gases de invernadero, estos tienen un periodo de permanencia en la atmósfera que es muy prologando, con un impacto prácticamente irreversible, por lo que las decisiones hay que tomarlas con bastante antelación.

Decisiones de países desarrollados como el acuerdo cerrado en la Cumbre de París -2015- contra el cambio climático deben también permear hacia los países en desarrollo dentro de las posibilidades y el contexto pertinentes. “Una decisión como la adoptada en París de que la mayoría de las casas tengan techos verdes para aumentar la fotosíntesis, y el desarrollo de una política que favorezca los vehículos eléctricos son medidas factibles en países que tienen muchos recursos, pero en nuestros países los trabajos que hay que hacer -como mejorar la capacidad de adaptación, por ejemplo ampliando la capacidad de los drenajes de la ciudad- es algo que le corresponde a los gobernadores y alcaldes, sino no tendría ninguna prioridad”, afirma.

Para Sánchez, quien también ha dado clases en el postgrado de Ambiente y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar, la oportunidad para abrirle paso a esa descentralización tan urgida se presenta con la nueva ley que se discute en el presente: la Ley del Cambio Climático Nacional, que está en manos de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional (AN).

Por otra parte, ante la falta de cifras oficiales y datos duros que ayuden a evaluar efectivamente la gestión ambiental en el país, Sánchez asegura que a pesar de que las estadísticas son “muy pobres” -lo cual dificulta doblemente el trabajo de evaluación- es necesario trabajar, tanto con los indicadores que exhiben la severidad de los problemas ambientales, como con los que miden la calidad de la gestión que se está llevando a cabo para resolver el problema.

“Hay que trabajar con los dos porque, por lo general, si solamente se trabaja con los primeros uno se queda en un diagnóstico que tiende a desembocar en una protesta o en la decepción debido al problema, pero el segundo es el que nos permite ver si efectivamente se está llevando a cabo una gestión ambiental eficaz”.

#LupambientalVE

El Entrevistado

Juan Carlos Sánchez

Es Ingeniero Industrial.

Fue designado por PDVSA como asesor técnico del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Relaciones Exteriores para participar en la negociación de la Convención de Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto.

Autor principal del estudio sobre la carbonatación mineral de CO2 del Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Premio Nobel de la Paz 2007 Co-ganador

Es Doctor en Ciencias Ambientales del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia.

Situación ambiental de Venezuela en la mira

Un grupo de expertos liderados por la ONG venezolana VITALIS, evaluarán la situación ambiental del país, en aspectos claves de su gestión, con miras a generar acciones que permitan atender y revertir su compleja problemática.

Esta evaluación, que se realiza todos los años con la participación de más de 100 profesionales en diversas áreas, forma parte de una serie de esfuerzos en diversas áreas del conocimiento, que abordarán temas claves y estratégicos del sector, como la calidad del agua, la situación de la biodiversidad, el cambio climático, el proyecto del arco minero, la gestión de los residuos y desechos y la producción y consumo de energías, entre otros temas fundamentales para el país.

Zoila Martínez, Directora Ejecutiva de VITALIS, explicó que esta consulta servirá para formular recomendaciones a las autoridades competentes, así como a las diversas organizaciones con competencias en esta área, incluyendo a las empresas privadas, las ONG y las universidades, entre otros actores.

Asimismo, VITALIS desarrollará diversos esfuerzos durante todo 2017 para documentar el desempeño del sector, en áreas fundamentales de la gestión conservacionista y el desarrollo sustentable, “en particular de aquellos aspectos sensibles que reclamen una visión holística y multidimensional, con la participación de los diferentes actores”, indicó Martínez.

Los esfuerzos de VITALIS incluirán la observancia del cumplimiento de las principales leyes ambientales del país, así como el desempeño de las instituciones competentes.

VITALIS es una ONG ambiental creada en Venezuela hace 16 años, con sedes y programas en el país, así como en México, Colombia y Panamá. En Venezuela ha desarrollado más de 75 proyectos que han llevado el mensaje conservacionista a todo el país, en diversas áreas de la educación ambiental, participación ciudadana, comunicación ambiental, ecoeficiencia, derecho ambiental, biodiversidad, bienes y servicios ambientales y desarrollo sustentable.

Aquellos profesionales interesados en completar esta consulta, pueden encontrarla aquí.

Archivos